Izquierda Unida ha denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona ) que el desarrollo del Plan Regional de Actuación de Urbanización (PRAU)Centro Cívico de Aranda de Duero, promovido por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y aprobado definitivamente el 20 de diciembre del año pasado, supondrá si se mantiene invariable el proyecto de reparcelación y de urbanización la invasión de la cañada Prado Marina.
El coordinador comarcal de la coalición, Antonio Miguel Niño, explica que la Administración autonómica está vulnerando sus propias disposiciones ya que la propia Junta, en abril de 2009, a través de la Comisión de Prevención Ambiental de Burgos, eximió a los promotores del proyecto de someterlo al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, con la condición de que la citada vía pecuaria, que cruza de este a oeste el ámbito de actuación, quedara integrada en el diseño del Plan Regional «como espacios libres públicos lineales, con su anchura respectiva, garantizándose la integridad, continuidad e idoneidad de su trazado» Además, la resolución aseveraba que las vías pecuarias «no coincidirán en ningún caso con viales».
Sin embargo advierte de que, ignorando las alegaciones presentadas por IU en los sucesivos periodos de información pública del proyecto, la última registrada el pasado 15 de octubre, ha modificado el trazado original de la cañada. La parcela destinada a la conservación de la vía pecuaria se ha proyectado con un trazado totalmente irregular, reduciendo su anchura en algunos tramos a un tercio del mismo, no llegando a 11 metros en algunos puntos, y utilizando más de la mitad de la superficie para viales. Pero, a juicio de Miguel Niño, «lo más grave» es que se han proyectado dos parcelas edificables, las números 11.1 y 11.2, destinadas a la construcción de viviendas en terrenos que invaden una parte muy importante del trazado.
Ante la gravedad de esta situación y la reiteración de la Junta en incumplir la legislación y sus obligaciones, «puesto que -apunta el coordinador- es de competencia de las Comunidades Autónomas la conservación y mantenimiento de las cañadas como bienes de dominio público» , el Consejo Político Comarcal de Izquierda Unida acordó, en su última reunión, denunciar los hechos al Seprona, entidad encargada de preservar el Medio Natural y el mantenimiento y conservación de las vías pecuarias.
La coalición confía plenamente en que la Benemérita va a investigue y realizará las acciones necesarias para preservar la vía pecuaria en toda su integridad «puesto que son bienes inalienables, imprescriptibles e inenbargables». «Nuestra idea es que se mantenga ese espacio natural en su integridad como un espacio libre de uso público, como dice, pero que no se corresponda ni con viales ni con espacios edificables como han aprobado en el PRAU».
Sin embargo, en el caso de que no prospere la denuncia, Miguel Niño reconoce que la coalición no tendría opción a optar al contencioso administrativo, como sería su intención, a consecuencia de la imposición de las tasas judiciales. «Con la ley de tasas este Gobierno ha cerrado puertas a muchos colectivos, asociaciones y particulares para poder recurrir a la justicia, lo cual es una vulneración evidente del derecho a la tutela judicial efectiva».