Después de levantar tanta polvareda durante meses en la provincia de Burgos, de provocar una recogida masiva de firmas y decenas de declaraciones cruzadas, después de generar el temor en muchas localidades y hasta la creación de una Plataforma con presencia política, institucional y de diversos colectivos, podría ocurrir que al final la Ley de Planta y Demarcación que preparaba el Ministerio de Justicia pase al fondo del cajón y tenga que esperar varios años para llevarse a cabo.

El Ministerio de Justicia ha aparcado esta iniciativa, que entre otros puntos polémicos ponía en cuestión la sede única del Tribunal Superior de Justicia de Castilla yLeón en Burgos (se apuntaba su desdoblamiento en Valladolid) y planteaba la desaparición de varios partidos judiciales con especial riesgo para Lerma, Salas, Briviesca y Villarcayo. 

La Ley ha caído en el olvido. Aunque oficialmente su preparación no se ha abandonado, de manera oficiosa quienes han estado pendiente de su tramitación admiten que será complicado que salga adelante en los próximos meses, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos políticos. 

El ministro Alberto Ruiz-Gallardón tiene otros frentes más urgentes, como la muy polémica reforma del aborto o los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (que está todavía en fase embrionaria), y el Gobierno no suele complicarse con más de una ‘batalla’ por departamento de manera simultánea. Además, la entrada en vigor de la Ley de Planta supondría darle una vuelta al actual sistema judicial, en teoría buscando la optimización de recursos pero en la práctica aplicando cambios de calado que de entrada exigiría una inversión económica, y no parece el momento más apropiado para ello.

Fuentes oficiales del Ministerio de Justicia se limitan a responder que «no hay ninguna novedad» y que la Ley de Demarcación y Planta Judicial «se sigue elaborando», pero sin establecer ningún nuevo plazo ni previsión, aunque también recuerdan la existencia de la reforma pendiente de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En un principio el Ministerio habló del pasado mes de octubre para concretar lo que hasta el momento es solo un informe preliminar de un grupo de expertos. Así se lo trasladó al alcalde de Burgos y a la delegación que lo acompañaba cuando se desplazó a Madrid para entregar las 13.000 firmas recogidas a iniciativa municipal. El plazo luego se fue a noviembre, luego se habló de finales de año, y desde entonces no ha habido nuevos plazos. En el Ayuntamiento de Burgos aseguran que no han tenido noticias del Ministerio de Justicia «desde el mes de diciembre». El decano del Colegio de Abogados, que encabezó la Plataforma por la Permanencia del TSJ a la que se sumaron procuradores, partidos políticos y diversas instituciones, tampoco ha recibido novedades.

Explica Joaquín Delgado que «no sabemos si será bueno o malo, pero no nos han vuelto a decir nada», al tiempo que recuerda que la Plataforma «logró su objetivo de unir la reivindicación de la ciudad y de estar ojo avizor, manteniendo una mínima estructura y organización sabiendo que en cualquier momento, cuando el Ministerio avance, podríamos tener que reactivarnos».

 

un alto coste. A juicio de Delgado, «si el Ministerio lo hubiera tenido claro ya habría salido adelante», por lo que el decano también coincide en que todo apunta a que el Gobierno ha aparcado sus planes iniciales. Además, incide en que «un cambio tan importante necesitaría una partida estratosférica para su implantación», lo que también complicaría su aplicación práctica en un momento de recortes generalizados.

Si Gallardón no saca adelante de forma rápida las reformas del aborto y de la Ley Orgánica delPoder Judicial será complicado que la Ley de Planta y los consiguientes cambios en partidos judiciales y TSJ vean la luz en unos años.

Una modificación tan drástica del sistema español, por mucho que desde el gobierno se intente ‘vender’ como un esfuerzo de modernización y actualización, siempre se verá sometida a polémica, y lo último que necesita el Gobierno en un año electoral (como lo será previsiblemente 2015, con comicios autonómicos y municipales en primavera y generales en otoño) es procurarse más problemas. El proyecto quedaría, por tanto, en manos del próximo Gobierno central.