El sector del vino en España tiene un peso innegable. Más allá de la tradición y de la imagen internacional -que también son muy importantes-, se trata de una rama productiva fundamental, presente en más del 40% de los municipios, de la que depende el 2% del PIB nacional y que crea más del 2% de los puestos de trabajo del país.

Para este año, las organizaciones agrarias mantienen su previsión para la vendimia, en la que esperan una producción «normal» de entre 38 y 39 millones de hectolitros, después de dos malas campañas, especialmente la de 2023, cuando por culpa de la sequía y otros fenómenos climáticos el rendimiento fue de 32 millones de hectolitros. Así lo han expresado los representantes del sector vitivinícola de Cooperativas Agro-alimentarias de España y de las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA y Unión de Uniones, que siguen apostando por este nivel de producción para este año, cuando está a punto de generalizarse la vendimia en todo el país.

«No cambia mucho de lo que dijimos en julio. Será una cosecha normal alrededor de los 39 millones de hectolitros. Evidentemente, cambiará según la evolución del tiempo durante la vendimia, que se alargará hasta mitad de octubre. Es una vendimia más tardía que estos años, más normal», ha señalado el presidente del Consejo Sectorial Vitivinícola de Cooperativas, Fernando Ezquerro, que ha añadido que la calidad de la uvas es buena y que las tormentas de las ultimas semanas en regiones han dejado el ambiente «fresco», lo que, según ha expresado, es «muy bueno para la madurez final de la uva».

Los encargados del sector vitivinícola de las organizaciones agrarias ASAJA y COAG, José Ugarrio y Joaquín Vizcaíno, respectivamente, también mantienen su apuesta por una cosecha que se mueva en esos números.

Desde Unión de Uniones, el responsable de sectores agrícolas, Anastasio Yébenes, ha indicado, por su parte, que su organización prevé una cosecha de 38 millones de hectolitros, pues si bien ha habido tormentas que esta semana han hecho daño en algunas zonas, también es cierto que el agua que ha caído ha favorecido a la vid en otras latitudes.

UPA, por su parte, ha coincidido en que se prevé una «cosecha normal» de alrededor de 38 millones de hectolitros, a falta de que se generalice en la zona central de la principal región productora, Castilla-La Mancha, y de la variedad mayoritaria, que es la airén.

En principio estos datos podrían hacer pensar que el sector espera buen año. Y quizá sea cierto para las bodegas, al menos para algunas, pero no así para los viticultores. De hecho, las organizaciones agrarias denuncian que los agricultores dedicados al cultivo del viñedo atraviesan una grave crisis y piden medidas contundentes a las Administraciones. Recientemente, ASAJA, COAG y UPA han hecho hincapié en los tres principales problemas: reclaman al Ministerio de Agricultura conceder ayudas directas a las inversiones en explotaciones vitícolas, condicionar todas las ayudas al sector vitivinícola al cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y ampliar las ayudas ante los daños por conejo.

Dentro del proceso de audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto que modifica la Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la PAC, las tres principales organizaciones profesionales agrarias (OPA) han remitido al Ministerio de Agricultura tres propuestas relativas a los siguientes temas para que sean incluidos en el Real Decreto en cuestión.

Potenciar las inversiones.

Las OPA piden incluir una medida de inversiones en explotaciones vitivinícolas dentro de la ISV, lo que supondría una especial oportunidad de gran utilidad tanto para el objetivo de incrementar su competitividad y rentabilidad, como para mejorar su sostenibilidad económica, social y ambiental. Esto es de gran interés para los viticultores, «pero también para todo el sector vitivinícola español ante los retos a los que nos enfrentamos», han indicado. Esta intervención se basaría en inversiones destinadas a actuaciones como la mejora del uso y la gestión del agua; la conversión a la producción ecológica; la introducción de técnicas de producción integrada; la adquisición de equipos para métodos de producción de precisión o digitalización; la contribución a la conservación del suelo y la mejora de la retención del carbono del suelo; y la creación de hábitats favorables a la biodiversidad, incluida la conservación de sus características históricas o la reducción de la generación de residuos.

Otro asunto que las organizaciones agrarias han puesto sobre la mesa es el establecimiento de condicionantes en las diferentes medidas dentro de la ISV como la reestructuración y reconversión de viñedo, las inversiones en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícolas (bodegas), las actividades de promoción y comunicación en países terceros y la eliminación de subproductos y cosecha en verde. «Consideramos que los solicitantes y potenciales beneficiarios de estas medidas que estén sancionadas por incumplimiento grave o muy grave de la Ley de la Cadena Alimentaria no deben poder optar a estas ayudas», han señalado.

Por último, y pensando en la protección ante los daños producido por conejos, los viticultores reclaman ampliar la ayuda actual relativa a protectores a otros sistemas de prevención: vallados, ahuyentadores, posaderos de rapaces, caza con hurones, etc.

Las causas.

En cuanto al origen de esta situación, el responsable sectorial de UPA, Alejandro García-Gasco, ha expresado que «esta vez no existe una crisis de producción, pero sí de mercado, tanto por la caída del consumo, especialmente en los vinos tintos, como por los bajos precios de la uva que perciben los agricultores y su pérdida de rentabilidad. No es un problema de excedentes, sino de mercado, que no ha sido capaz, con su bajada de consumo, de admitir esta campaña tan escasa (la del año pasado)», ha manifestado. Por ello, ha celebrado que la Comisión Europea (CE) haya creado un grupo de alto nivel sobre el futuro del sector que se reúne por primera vez esta semana y que mantendrá al menos dos encuentros más antes de establecer unas conclusiones y recomendaciones para principios de 2025.

UPA va a acudir a este primer encuentro con una serie de recomendaciones, como la necesidad de congelar las autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo para 2024, 2025 y 2026, dado que entiende que sobran viñedos debido a la cada vez más pronunciada caída del consumo. Asimismo, va a solicitar ayudas para el arranque de viñedos y va a exponer su preocupación por las propuestas legislativas que en algunos países, como España, infieren en el consumo moderado de alcohol, o por la reducción de fondos europeos para la promoción del vino.

Por su parte, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha alertado de la situación de crisis que atraviesan los viticultores ante la posición de dominio de los principales grupos bodegueros, que está lastrando los precios hasta tener pérdidas de 1.500 millones de euros en todo el país, aseguran. La organización agraria, que a principios de verano confiaba en que esta vendimia se cubrieran los costes de producción, ha lamentado que no esté sucediendo y señala a los principales grupos bodegueros como responsables, situando los precios casi un 50% por debajo de lo que le cuesta al agricultor producir las uvas.

Los informes sobre costes de producción de las variedades mayoritarias en el viñedo de Castilla-La Mancha (la región más productora del mundo) cifran tales gastos en un intervalo que va desde los 0,40 euros por kilo en el caso de la blanca airén y de la tinta tempranillo o cencibel (informe de la Consejería de Agricultura de esa comunidad, año 2022) y los 0,50 como consecuencia, a lo largo de las tres últimas campañas, del incremento desmesurado de los costes de producción y los bajos rendimientos derivados de la fuerte sequía en el sector. En este contexto, la organización ha señalado que los precios pagados a los viticultores que se han ido conociendo en la última semana se sitúan entre los 0,23 euros por kilo para la airén y un precio ligeramente inferior en tempranillo. Unión de Uniones ha indicado que estas cifras son muy similares a los de la pasada campaña en un contexto en el que, si bien es cierto que los vinos tintos están padeciendo problemas de demanda, no ocurre lo mismo con los vinos blancos.

Unión de Uniones considera que esta estrategia de partir siempre a comienzos de cada campaña con precios deliberadamente bajos es fiel reflejo de la posición de dominio de grupos bodegueros interesados en tensar la frágil viabilidad de gran parte del sector productor. «Se están aprovechando en gran medida de la difícil situación financiera de muchas explotaciones, ignorando la situación real del mercado, que muestra precios al alza en especial en vinos blancos» señalan desde la organización.

«Podemos resistir la embestida del cambio climático, pero no del mercado», lamentan desde UPA. Es la advertencia de los viticultores que estas semanas están en plena vendimia. «Somos importantes para nuestros pequeños pueblos y estratégicos para todo el territorio». El responsable sectorial de la organización, Alejandro García-Gasco, ha hablado de la falta de rentabilidad y la amenaza del cambio climático como principales retos que enfrenta el sector. Sin embargo, los productores están esforzándose para adaptarse a la cuestión ambiental a pesar de los graves problemas causados por la cuestión económica.

La razón mayoritaria es el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, «de la que no se salva ninguna zona», han señalado desde UPA. Y es que en todos los territorios han detectado casos de industrias que no firman un contrato previo con los viticultores. «No nos ha temblado la mano y hemos hecho denuncias ante las que la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) ya ha hecho inspecciones», ha dicho García-Gasco.

El representante de UPA ha puesto un ejemplo muy significativo: «En el sector del aceite o de frutos secos se habla en euros por kilo de aceituna y de pistacho o almendra, pero en el viñedo se habla de pesetas por kilo de uva para que aparente algo. Es indigno. Un kilo está sobre 30 céntimos y es necesario sobre un kilo y medio para elaborar una botella de vino».

Además, desde UPA han indicado «alarmantes descensos» en el consumo que también tienen su repercusión en la «asfixiante falta de rentabilidad». Una cuarta parte de lo que consumimos se queda en España, el resto se va fuera. Pero tanto a un lado como al otro de la frontera, el consumo ha descendido mucho desde el estallido de la crisis del COVID.

A esto hay que sumar los movimientos antialcohol que meten en el mismo saco el zumo de la vid con otros productos sin importancia social y económica en España, como son las cervezas y los espirituosos. Ante el último de estos ataques, el anteproyecto de ley lanzado por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de julio para frenar el consumo de alcohol en menores, UPA ha pedido la protección del Ministerio de Agricultura para el sector vitícola: «El vino nada tiene que ver con los problemas de consumo entre menores».

Decálogo de propuestas.

Desde UPA proponen a todas las Administraciones el siguiente decálogo de medidas que, en su opinión, puede mantener la importancia del sector «si se aplica de manera urgente».

1Congelación de autorizaciones de nuevas plantaciones para 2024, 2025 y 2026. Transferir recursos no utilizados de un año a otro.

2Ayudas a arranques en diferido (ampliación del plazo de reestructuración).

3Ayudas a arranques definitivos con carácter social. Al contrario de los dos arranques producidos anteriormente, que la PAC relacionaba con el rendimiento, en este UPA pide fondos extraordinarios dirigidos a viticultores mayores o que quieran abandonar la actividad.

4Flexibilidad en la capacidad de reacción ante crisis.

5Mantener los fondos europeos para la promoción del producto.

6Apoyo a las actuaciones relacionadas con la lucha contra los efectos del cambio climático en el sector vitivinícola: adaptación, mitigación y sumideros de carbono.

7Reforzar la investigación e innovación en el sector (nuevas tecnologías, nuevas variedades adaptadas al cambio climático, etc.).

8Apoyo a la producción de vino ecológico (producción en incremento que ya supone en España más del 16% de la superficie de viñedo, siendo el primer país a nivel mundial en este ámbito).

9Apoyo a las inversiones en explotaciones vitícolas, medida que ya se aplica en los países de nuestro entorno y sin la que nuestro sector puede quedarse atrás.

10No conceder ayudas públicas de inversión o promoción a aquellas empresas que incumplen la Ley de la Cadena Alimentaria.