Las cercanías de la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves volverán a ser escenario mañana, a la una menos cuarto, de la tercera concentración de protesta contra el párroco «ante su negativa a permitir que se puedan empezar a utilizar los nichos ya construidos en la ampliación del cementerio». Así reza en la nota de prensa enviada ayer por la junta vecinal de Las Machorras, que preside Roberto Ortiz, quien junto con el alcalde de Espinosa, José Carlos Peña, ha sido imputado por prevaricación tras la demanda interpuesta por el PP.
El hecho de que el cementerio se ha ampliado en 650 metros cuadrados y se han instalado en él 139 nichos nuevos sin licencia de obras y sin las preceptivas autorizaciones urbanísticas ni de Sanidad es lo que ha conllevado la demanda y la actual situación. El párroco, Leandro Andino dejó escrito el pasado domingo en la puerta de la iglesia, al anunciar que suspendía la misa, que «no es que yo no quiero enterrar en la nueva ampliación del cementerio, siendo la realidad que yo no puedo, ya que para la ley no existe esa nueva ampliación en la que se han construido los nichos, por lo tanto ni Sanidad ni el Juzgado me dan permiso para enterrar a nadie ahí».
La junta vecinal, que inició las obras el pasado verano, afirma que «los trámites de legalización de las obras, de rectificación de la calificación de los terrenos y el permiso de Sanidad pertinente están iniciados y se ajustarán escrupulosamente a la ley». Mientras, la obra está paralizada desde hace quince días por el Ayuntamiento.
La junta vecinal de Las Machorras asegura que tras una reunión mantenida con el Arzobispado a finales de diciembre para «encontrar una solución al bloqueo planteado por el párroco» se sacan dos conclusiones. La primera es que «el supuesto problema desaparecería tan pronto como quiera el párroco». Desde la junta vecinal aseguran que las características de los nichos, mayoritariamente vendidos ya, reúnen las mismas características que los de otras poblaciones cercanas.
Asimismo, su segunda conclusión es que la exalcaldesa, Pilar Martínez, y el exteniente alcalde, Juan José Angulo, «están utilizando al señor párroco como instrumento político para atacar la gestión de nuestro alcalde pedáneo. Añaden que «a los concejales del PP no les importa utilizar el dolor de los vecinos cuando van a enterrar a sus seres queridos».
Para buscar soluciones, la junta vecinal anuncia que «solicitará en breve una reunión con el Arzobispado y el párroco para encontrar una solución inmediata a este problema». Asimismo, el párroco y la junta vecinal mantienen diferencias porque parte del cementerio es de titularidad parroquial y la ampliación, de la junta vecinal.