Mientras se define el modelo que se implantará en la provincia para prestar el servicio de extinción de incendios, el actual sistema sigue basándose en la respuesta del personal voluntario de los 19 parques de bomberos municipales repartidos por todo el territorio provincial, además de las intervenciones que se financian con cargo a los convenios firmados por la Diputación con los parques profesionales de Burgos, Aranda y Miranda.
Estos parques, que son municipales, se sostienen con fondos de los ayuntamientos y de las aportaciones de la institución provincial para contribuir a los gastos cotidianos que generan esas instalaciones. Además, la Diputación también proporciona a esos parques los vehículos que utilizan en la extinción de incendios y el material que precisa el personal voluntario para hacer frente con seguridad a los siniestros a los que acuden. En total, el año pasado, según los datos de la institución provincial, desde esos 19 parques municipales se atendieron 1.252 siniestros, la mayor parte de ellos incendios.
Al tratarse de una actividad voluntaria, no se puede abonar una gratificación o sueldo por realizarla, y lo que hacen los ayuntamientos, aprovechando las aportaciones anuales de la Diputación, es pagar esas salidas a los siniestros «con los gastos que generen las mismas, es decir desde la limpieza de la ropa a la gasolina, pasado por las dieta o cualquier otro gasto», afirma Ramiro Ibáñez , diputado responsable del Servicio de Fomento, Infraestructuras y Protección Civil de la Diputación, a la vez que recuerda que en los convenios con esos ayuntamientos «se especifica que hay que justificar esos gastos».
Difícil justificación. Es precisamente la justificación de esos gastos la que están retrasando el cobro por parte de esos 19 municipios de aproximadamente unos 1,4 millones de euros, cantidad que corresponde a las dos últimas anualidades. La documentación de los municipios para justificar esos gastos, que en ocasiones ha asido rechazada, se encuentra en el departamento de Intervención para su fiscalización antes de dar orden de pago. Ibáñez confía en que en los próximos días se puedan liberar buena parte de las aportaciones anuales asignadas a los municipios para que estos puedan abonar a los bomberos voluntarios los gastos que han tenido en las salidas realizadas en los dos últimos años.
En los últimos meses, el personal de algunos de esos 19 parques de bomberos voluntarios han denunciado que sus ayuntamientos les adeudan algunas cantidades por esos gastos que han tenido, una situación que se quiere corregir en todos los pueblos afectados, aunque el responsable de este servicio provincial reconocen que «es muy difícil justificar estos gastos».
Las aportaciones anuales asignadas por la institución provincia, recogidas en convenios individuales, oscilan entre los 96.500 euros que perciben los ayuntamientos de Briviesca y Medina de Pomar, y los 21.000 de Huerta de Rey, La Puebla de Arganzón, Pradoluengo, Torresandino y Valle de Sedano. «Esas son las cantidades presupuestadas, pero sin las quieren cobrar las tienen que justifican con los gastos que han tenido», insiste Ibáñez, a la vez que declara que continuarán con este sistema hasta que se implante el nuevo.
Apuesta por el consorcio. Aunque todavía no hay una decisión tomada sobre el futuro modelo del servicio de extinción de incendios que se implantara en la provincia, lo cierto es que desde la Diputación se apuesta claramente por crear un consorcio provincial, similar a que ya existe para el tratamiento de residuos, liderado desde la institución provincial y los tres ayuntamientos con parques de bomberos profesionales (Burgos, Aranda y Miranda), al que luego se incorporen todos los ayuntamientos de la provincia.
«Consideramos que crear un consorcio, como ya se está haciendo en alguna provincia de la región, es la mejor salida para la provincia, ya que aquí tenemos ya una serie de parques operativos cuando en otras provincias, como León, los están construyendo ahora», apuntan el diputado responsable de Fomento y Protección Civil, a la vez que matiza que todavía no se ha analizado otras cuestiones, como por ejemplo el número de parques de bomberos profesionales que serían necesarios par dar un servicio con garantías en todo el territorio.
«Estamos avanzado y en la actualidad todos los grupos políticos con representación en la Diputación estamos de acuerdo en la necesidad de seguir en esta línea de trabajo hacia la creación de ese consorcio», asegura Ibáñez, quien matiza que la convocatoria de elecciones y el parón que conllevarán a la gestión de las administraciones «no va a retrasar nada porque todos estamos de acuerdo».
El principal escollo, como ocurre siempre a la hora de poner en marcha un proyecto provincial con todos los ayuntamientos implicados será la financiación y el diseño del mapa con los parques que dejarán de ser de bomberos voluntarios y pasaran a denominarse profesionales, una aspiración de los 19 que vienen presentado este servicio desde hace décadas, aunque previsiblemente no habrá más de cinco o seis en total.