«Traumático», «catastrófico» y «un atropello». Así describe la plantilla de la Residencia San Agustín las consecuencias que su cierre podría tener no para ellos, sino para las personas de las que cuidan, sobre todo para aquellas con mayor autonomía que «forman parte de este barrio, de este entorno, algunos de ellos desde su niñez», relatan en el escrito que enviaron el 10 de febrero al presidente de la Diputación de Burgos y del que no han recibido contestación.

En el texto, firmado por la mayoría de los trabajadores, reclaman ser tenidos en cuenta «antes de tomar una decisión definitiva sobre el futuro del centro», que en esa fecha albergaba 57 residentes y 66 empleados, 21 de ellos a media jornada, según los datos que aportan, por lo que no triplican la ratio de personal, como afirmó el presidente en una entrevista con DB a finales de diciembre. 

«El que SOLO haya ese número de residentes corresponde a una decisión política», porque les consta que existen muchos interesados, que «no entiende cómo es posible que habiendo personas que lo necesiten se esté infrautilizando un servicio público», recalca, para opinar que al negarles el acceso a una plaza pública se está «privatizando» el servicio.

El escrito también se refiere al «sobrecoste tremendo» que para las arcas provinciales supone tener 44 plazas libres y critica que esa falta de ingresos se pueda usar para justificar en causas económicas una hipotética propuesta de cierre de la residencia. 

Asimismo, ven un «engaño» que en el reciente concurso de traslados se hayan ofertado vacantes en esta residencia, ya que la elección laboral podría haber sido otra en el caso de conocer el escaso futuro de San Agustín, «por no hablar del trastorno» que supondrían tener que ir a trabajar a lugares más alejados, como Fuentes Blancas. 

Los empleados lamentan que los responsables de la Diputación de Burgos hayan recibido al presidente de la Asociación de Vecinos Nuestro Barrio para hablar del futuro de San Agustín y no hayan contestado a su escrito, así como que se tengan que enterar de su «posible futuro» por los medios de comunicación, «tras más de dos años de incertidumbres y rumores», que no se despejarán al menos hasta que no se conozca el estudio sobre el Plan Estratégico de las Residencias que el equipo de gobierno prevé contratar.

En esa reunión con el colectivo de la zona sur, Borja Suárez e Inmaculada Sierra se comprometieron a mantener el uso social del edificio y hablaron incluso de la posibilidad de utilizarlo como lugar de estancia para pacientes del medio rural con tratamientos médicos de larga duración o familiares de enfermos hospitalizados en la capital sin alternativas habitacionales temporales.