«Todas las comunidades estamos infrafinanciadas. Todas tenemos una financiación insuficiente para cubrir los servicios públicos». La Junta de Castilla y León no comparte la propuesta presentada esta semana por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que plantea la creación de un fondo complementario de nivelación de 3.000 millones de euros para las regiones infrafinanciadas por el modelo de financiación autonómico. Y es que el informe de la institución, que tiene como patronos al Banco de España, las principales instituciones de crédito o grandes empresas de la construcción, deja fuera a Castilla y León del listado de regiones con déficit de fondos por parte del Estado, y que solo beneficiaría a Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia.

«No compartimos la propuesta de que hasta que el modelo se reforme haya un fondo transitorio para las comunidades infrafinanciadas. Nuestras principal diferencia con el texto es que todas las comunidades estamos infrafinanciadas», explica a este periódico el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. «Nosotros no decimos que seamos los únicos infrafinanciados», sostiene el también portavoz autonómico, que pide que la reforma del modelo tenga en cuenta el coste real de la prestación de los servicios en el territorio. «No es lo mismo el coste cuando la población está dispersa o concentrada».

El informe titulado 'Financiación autonómica y local' excluye a Castilla y León de esta propuesta de mejora de los fondos que las comunidades reciben del Estado para financiar sus servicios públicos. Todo ello pese a que la región es una de las más beligerantes a la hora de reclamar una revisión a fondo del modelo de financiación por la «infrafinanciación» que actualmente recibe del Gobierno, y que el Consejo de Cuentas regional cifró recientemente en casi 400 millones al año.

Realidad que el documento presentado por Fedea ignora, ya que toma como criterio la 'población ajustada', aquel que se refiere a la población en un territorio ponderado por sus necesidades, definidas según determinados criterios. En base a esta variable, el informe sitúa a Castilla y León con una financiación por habitante ajustado de 3.150 euros, seis puntos por encima de la media de las comunidades de régimen común.

Financiación a la carta

No obstante, pese a las discrepancias, Carlos Fernández Carriedo reconoce que el documento de Fedea contiene «avisos» que la Junta de Castilla y León comparte. El consejero de Economía señala en este sentido la alerta que lanza el texto del «riesgo actual» de que la financiación autonómica se negocie «a la carta» de forma bilateral con algunas comunidades. «Este es un riesgo que nosotros también vemos», apunta Fernández Carriedo, que recuerda lo ocurrido en el último Consejo de Política Fiscal, cuando la consejera de Cataluña no acudió a la cita aludiendo a negociaciones paralelas Govern-Hacienda para la financiación. Igualmente coincide con la existencia de un «déficit de solidaridad» entre comunidades. Y, por último, también comparte la necesidad de corregir la «desigualdad» financiera entre las autonomías de régimen común y las forales –Navarra y País Vasco–.

«Lo que nos gustaría es valorar la propuesta que haga el Gobierno», resume Fernández Carriedo, que lamenta la ausencia de propuestas del Ministerio para reformar la financiación, al que vuelve a exigir que se haga en condiciones de «multilateralidad, igualdad y suficiencia».