El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado parcialmente el recurso que presentó Carme Parra, la docente del CEIP Príncipe de España que dirigía otro centro privado en Vitoria mientras estaba de baja, contra los actos de la Junta por los que se le separaba del servicio y se le suspendía durante un periodo de tres años de sus funciones. La sentencia solo declara la nulidad de la primera sanción, es decir, aquella que le retiraba la plaza a la profesora, mientras que confirma la segunda decisión adoptada por la Consejería de Educación.
El TSJ expone en el texto que no ha quedado acreditado que la gestión del centro privado situado en el País Vasco, a través de la Asociación Montessori, constituya una situación que pueda ser calificada como "muy grave" porque no se encuentra entre los supuestos prohibidos expresamente por la legislación. En este sentido, el Tribunal aclara que podría tratarse de una falta "grave" pues no tenía una autorización para compatibilizar ambas funciones, pero no resulta apropiada la sanción superior con la que se justificaba su despido. Entre otras cosas, la normativa alude a que esa decisión sería adecuada si la actividad estuviera relacionada "directamente" con la que desarrollaba en la Administración donde tenía su puesto laboral y, en este caso, la escuela privada dependía del control de otra Comunidad Autónoma, no de Castilla y León.
Ahora bien, el Tribunal sí que confirma la separación del ejercicio de sus funciones como empleada pública durante tres años porque ha quedado probado que la docente cometió una falta "grave" prevista en la legislación. En concreto, se considera acreditado que Parra estuvo encadenando durante seis años una serie de bajas laborales y no impartió clases en el colegio mirandés, pero en medio de ese periodo presidió la entidad que impulsaba la escuela de Vitoria y asumió la dirección del propio centro. Aunque ella aseguraba que no recibía contraprestación por su participación en el proyecto de la Asociación Montessori, la inspección de Álava demostró en su momento que, por ejemplo, realizaba compras ajenas a la institución pero con cargo a sus cuentas y, por ende, estaba sacando un beneficio económico.
El acuerdo sancionador que adoptó la Consejería de Educación sobre este segundo elemento tenía su razón de ser en que la profesora había incurrido en una falta disciplinaria tipificada dentro de la categoría de "atentado grave contra la dignidad de los empleados públicos o de la Administración", puesto que había transgredido el "principio de buena fe" al entender que "si ya estaba bien para esta segunda actividad también debiera estarlo para cumplir sus obligaciones laborales como docente" y con todo ello había causado un "daño a la imagen que esperan los ciudadanos de la Administración en cuanto al control que deben ejercer sobre sus funcionarios".
UN LARGO PROCESO. El TSJ ha dictado sentencia sobre el recurso de Parra recientemente, pero el camino hasta este punto ha sido muy largo. Aunque la docente llevaba sin dar clases en Miranda por las bajas médicas desde 2013, no llamó la atención de las autoridades hasta que apareció vinculada al polémico caso de la Montessori School de Vitoria, un centro que operaba sin licencia y que gestionaba la asociación que ella misma presidía. La investigación en Castilla y León comenzó cuando las instituciones vascas entregaron la documentación a la Junta, que emprendió en 2018 el proceso para dirimir si había fraude con las bajas y una situación de incompatibilidad.
Además, su historia judicial no quedaba ahí, en tanto que en 2018 también se le acusó de acoso laboral a una profesora de la escuela privada que dirigía, la cual cerró definitivamente sus puertas un año más tarde, según informó el diario Noticias de Álava.