E l relevo generacional, es decir, la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria en una explotación viable y con las ayudas correspondientes, protagoniza uno de los debates más importantes en el sector agrario en los últimos tiempos y se mantiene como uno de esos retos siempre pendientes. Al margen de los datos recogidos en su día en el último censo agrario, las cifras más recientes sobre los beneficiarios de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y su distribución son otra muestra de la preocupante situación y evidencian la necesidad de adoptar medidas de equilibrio considerando la situación de los mayores y la de los jóvenes que se tratan de incorporar.

Según los datos del informe anual elaborado por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), personas físicas con una edad superior a los 65 años constituyen los principales destinatarios de los pagos directos de la PAC, que en el último ejercicio ascendieron a 3.488 millones de euros. A estas cifras se suman otros 761 millones de euros vía Desarrollo Rural que se añaden a los apoyos a la baja en los mercados, que en conjunto suponen un importante soporte, muy variable según cultivos, para la renta agraria. Las personas físicas -agricultores y ganaderos a título individual- suponen más del 91% de los perceptores, pero únicamente se llevan el 61% de los fondos, mientras que solo el 8,3% de los beneficiarios -personas jurídicas- se meten al bolsillo casi el 39% restante. A medida que se reduce el número de peticionarios individuales, crece el número de empresas y, sobre todo, su peso en la distribución de los fondos de la PAC.

En el último ejercicio, los perceptores de ayudas directas ascendieron a 563.000, de los que el 39,5% eran personas con más de 65 años que se hicieron con el 27% de los pagos; un 52% con entre 40 y 65 años cobraron el 58% de los fondos; el 7,85%, de entre 25 y 40 años, recibieron el 13,3% y solamente hubo un 0,69% con menos de 25 años y percibieron el 1,45%. Por sexos, las mujeres representan el 37,83% de los perceptores, pero solo el 27,38% de los fondos, mientras los hombres supone el 62,17% en número y reciben el 72,62% de los pagos.

La situación tiene algunas diferencias significativas en la distribución de las ayudas vía  Desarrollo Rural, del que se beneficiaron 163.000 perceptores. Las personas con edades por encima de los 65 años no llegan al 20%, lo que supone 20 puntos menos que las existentes en este mismo tramo para el cobro de los pagos directos. A su vez, los perceptores con entre 40 y 65 años crecen hasta casi el 65%, mientras los comprendidos entre los 25 y los 40 años suben también hasta superar el 14% y los jóvenes son un 1,63% frente al 0,69% que hay en los pagos de ayudas directas.

En este caso, la presencia de las mujeres perceptoras cae hasta el 30,3% y al 27,8% en lo referente a los fondos, mientras los varones aumentan su presencia hasta suponer casi el 70% en número con el 72% de los recursos a repartir.

En ambos casos, las cifras corroboran un avance galopante del envejecimiento de los activos agrarios con ayudas PAC, lo que está abriendo un debate de calado en el sector para lograr una mayor incorporación de los jóvenes a la actividad; en el último ejercicio fueron unos 16.000, según los datos del Ministerio de Agricultura. El objetivo sería la búsqueda de fórmulas justas por las cuales las personas de edad no se vieran expulsadas de la agricultura o la ganadería y que proporcionaran un equilibrio entre los intereses de quienes lo dejan y de quienes, más jóvenes, ya se hallan en la actividad o se quieren incorporar.

En este contexto -mayoría de peticionarios de edad avanzada y escasa presencia de los jóvenes- se enmarca el actual Plan Estratégico para la aplicación de la reforma de la PAC de 2023 a 2027, en el que se contempla un presupuesto específico de 220 millones para incentivar el relevo generacional o la mayor presencia de la mujer, junto a otras medidas de apoyo de todo tipo, desde la fiscalidad a las ayudas directas.

Ganadería extensiva.

Aunque el envejecimiento es general en todos los sectores y en todos los territorios, la situación es diferente en cada uno en función de sus actividades y también por los diferentes apoyos dados por el gobierno regional en cuestión.

En zonas con un claro dominio de la actividad ganadera extensiva, el número de personas activas oficialmente con más de 65 años se halla muy por debajo de la media del 39%, como son los casos de Asturias, donde solo es el 16,3%, con un número igual de hombres que de mujeres, 4.000; el 12,9% en Cantabria. En Galicia, un 27,5% son mayores de 65 años, con más de 11.000 mujeres y menos de 10.000 hombres. El grueso se halla entre los 40 y los 65 años (62,8%), mientras los jóvenes solo representan un 0,47%. Por encima de esa media de 39% de perceptores con más de 65 años destaca la Comunidad Valenciana con el 50%, seguida de otras como Canarias, Madrid o Navarra, con el 46%.

En Castilla y León, los perceptores con más de 65 años suponen el 32%, un 58% con entre los 40 y los 65 años, el 8,7% entre 25 y los 40 años y los jóvenes con menos 25 años se sitúan en el 1,3%. En Castilla-La Mancha, los perceptores con más de 65 años suponen el 43%, el 50% estarían entre los 40 y los 65 años, un 7,3% entre los 25 y los 40 años y solo un 0,7% con menos de 25 años. 

Frente a esa media del 0,69% de los titulares de explotaciones con menos de 25 años, por encima de ese porcentaje destacan algunos territorios como Cantabria (1,46%), Asturias (1,38%), Baleares (1,21%), Aragón (1,08%), Murcia (1,02%), País Vasco con el (0,90%), Navarra y Comunidad Valenciana (0,88%) o Madrid (0,80%), mientras en la parte más negativa se halla Canarias, según el informe, prácticamente sin incorporaciones.

Todo ello pone en evidencia el fracaso de las medidas articuladas por Bruselas y por las autoridades estatales y autonómicas en los últimos años a la espera de los efectos de las nuevas acciones contenidas en el actual Plan Estratégico a 2027.