El asunto de los fitosanitarios es uno de los más complejos a los que se enfrentan los agricultores. En la Unión Europea (UE) las limitaciones son muy restrictivas (cada vez más) y los alimentos comunitarios se ven obligados a competir en el mercado con otros procedentes de terceros países que han sido cultivados con sustancias prohibidas hace tiempo. Estas sustancias, vetadas habitualmente por motivos medioambientales o de salud humana, generalmente aumentan la productividad, por lo que el tomate o el trigo en cuestión son más baratos al aumentar rendimientos con los mismos gastos.

El manejo de estas sustancias y cuáles están permitidas es un asunto que la UE lleva regulando mucho tiempo y el Ministerio de Agricultura, dentro de la estrategia nacional en este asunto, ha iniciado el procedimiento de consulta pública del Plan de Acción Nacional para el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios 2025-2029. Este plan, junto con la puesta en marcha del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre de 2012, conforman el núcleo central de la política del Ministerio en el ámbito del uso sostenible de los productos fitosanitarios.

El plan de acción es fruto del análisis detallado de la situación de partida del sector agrícola y otros usuarios de productos fitosanitarios, de las políticas y medidas implementadas hasta la fecha, de las recomendaciones de la Comisión Europea y de las aportaciones de los sectores productivos, administraciones implicadas y ONG. Como elemento esencial al inicio de su procedimiento de adopción, se somete a un proceso de audiencia pública que será fundamental en su definición.

El nuevo plan plasma la ambición de España en materia de uso sostenible de los productos fitosanitarios y se centra en la protección y preservación de la salud humana, el medio ambiente, la biodiversidad, la agricultura y la alimentación saludable de la población, a la vez que vela por mantener la rentabilidad de las explotaciones agrícolas. Este nuevo plan introduce medidas mucho más ambiciosas, especialmente en ámbitos como la gestión integrada de plagas, la formación, la comunicación y la digitalización, encaminadas tanto a reforzar y consolidar los logros ya conseguidos, como a mejorar la consecución de los objetivos generales del plan de acción nacional en determinados ámbitos específicos.

Agricultura apuesta por favorecer la sostenibilidad de las producciones agrícolas en los ámbitos económico, social y medioambiental. Una producción agraria sostenible en el tiempo permitirá ofrecer productos alimentarios de mayor calidad y seguridad para los consumidores y afianzar la posición de estos en los mercados europeos e internacionales.

Los últimos datos de uso de fitosanitarios en España muestran reducciones superiores al 50% respecto a los periodos de referencia. Esto pone de manifiesto el resultado de la aplicación de los planes anteriores y el gran trabajo realizado en España, especialmente por parte de agricultores, asesores y vendedores, para que el uso de estas sustancias sea cada día más racional y preciso. De hecho, durante 2023 se ha proporcionado formación a 56.692 interesados y, entre las distintas administraciones, se han realizado 132 campañas de divulgación sobre el uso sostenible y seguro, además de 52 dirigidas a la ciudadanía y usuarios no profesionales, cifras que superan el objetivo cuantitativo establecido el plan 2023-2024, actualmente en vigor.

¿Cláusula espejo?

Una de las demandas más importantes del sector durante sus protestas en los primeros meses del año fue el establecimiento de las llamadas cláusulas espejo, es decir, mecanismos para que no puedan entrar en la UE alimentos cultivados o criados con sustancias que estén prohibidas en territorio comunitario. Es una cuestión de salud, pero también de competitividad de los agricultores, que casi siempre se encuentran en desventaja en este ámbito frente a sus colegas de terceros países.

En ese sentido, el Parlamento Europeo ha rechazado dos propuestas de la Comisión que trataban de permitir ciertas tolerancias en la importación (también conocidas como límites máximos de residuos) para el ciproconazol y el espirodiclofeno, y también para el benomilo, el carbendazim y el tiofanato-metil. Todos estos plaguicidas están prohibidos en la UE, pero se usan en países terceros en tratamientos en una gran cantidad de productos como cereales, frutales, vid, hortalizas o semilla, según aclaran desde Unión de Uniones.

En las resoluciones que acompañan al resultado de las votaciones, el Parlamento Europeo concluye que los ciudadanos europeos deben estar protegidos frente a los residuos de pesticidas en los productos importados y que estos deben cumplir las mismas normas que los producidos en la UE, explican desde la organización. Esto no es ni más ni menos que las cláusulas espejo que pide el sector para evitar competencia desleal por parte de terceros países.

Después de que 522 eurodiputados votaran a favor de la objeción a la propuesta de la Comisión sobre el ciproconazol y el espirodiclofeno, 127 en contra y 28 se abstuvieran; y de que en el caso del benomilo, el carbendazim y el tiofanato-metil fueran 516 los votos a favor de la objeción, 129 en contra y 27 las abstenciones (se necesitaba una mayoría absoluta de al menos 359 eurodiputados), la Comisión debe ahora retirar sus propuestas. Los eurodiputados han pedido que presente un nuevo proyecto que rebaje todos los límites máximos de residuos al límite de determinación (la cantidad más baja en la que se puede detectar) o al valor por defecto de 0,01 mg/kg para todos los usos y que rechace cualquier solicitud de tolerancia a la importación.

Unión de Uniones ha lamentado que, en las votaciones, los eurodiputados del Partido Popular fueron los únicos españoles que votaron en contra de estas resoluciones y, por tanto, a favor de la posición de la Comisión Europea de permitir la presencia de residuos de dichas materias en los productos importados. «Para que se entienda, el PP ha votado en bloque a favor de que sigan entrando tomates de Marruecos con benomilo a pesar de que este fitosanitario está prohibido en Europa y aunque sea, a la larga, perjudicial para la salud», explican desde la organización.

«O no se han enterado de lo que estaban votando, lo que ya sería grave contando con todos los asistentes que tienen; o si lo sabían nos tienen que explicar qué intereses están defendiendo en la votación, porque los del campo español, desde luego, no»,  señalan desde la organización. Unión de Uniones critica la incoherencia del PP en este caso ya que, por un lado, vende que los populares europeos van a implantar las cláusulas espejo en la UE ahora que son mayoría, y luego, «a la hora de la verdad, votan exactamente lo contrario. Si esto es lo que queda de sus promesas electorales, arreglados estamos».

El uso de fitosanitarios en España.

-Hay 5.595 empresas inscritas en el sector suministrador (fábricas, distribuidoras, comercializadoras, entidades de logística).

-Funcionan 6.973 establecimientos suministradores, de los cuales 6.106 tienen actividad

distribuidora.

-Están operativas 12.156 empresas de tratamientos, 24.274 asesores y 1.312.923 usuarios profesionales.