La implantación de la nueva ordenanza de terrazas está suponiendo un auténtico quebradero de cabeza para los responsables municipales. El malestar de los hosteleros por los retrasos en la concesión de las licencias o la falta de contestación por el Ayuntamiento una vez finalizado el plazo que la propia administración se dio a sí misma para responder, así como la apertura de expedientes sancionadores han puesto en jaque al equipo de Gobierno para buscar una salida al conflicto.

El PP intenta por todos los medios realizar un gesto en el pleno del viernes para frenar la huelga que el sector acordó para el día 21. Descartada la petición de los hosteleros de ampliar en seis meses el plazo del Ayuntamiento para responder a las solicitudes, la única vía posible es promover un cambio en la ordenanza para frenar las multas y también reducir la burocracia a la hora de tramitar las peticiones.

Esta es la intención que la alcaldesa, Cristina Ayala, trasladó ayer a su equipo. La cuestión ahora es saber si es viable llevar la decisión en el orden del día del pleno del viernes al no haberse iniciado ningún expediente para justificarla, conocer su alcance o pasado por comisión informativa. Y, lo que es más importante, sin saber si va a contar para ello con los apoyos de la oposición, PSOE y Vox, para aprobar este cambio. No obstante, se ha convocado una reunión con la patronal de hostelería para consensuar las modificaciones, que ayer presentó un escrito exigiendo una solución.

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