La reconstrucción del Diálogo Social en Castilla y León comprometida por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras la salida de Vox del Ejecutivo autonómico ya tiene su primer hecho tangible:el Serla no será desahuciado de su sede como estaba previsto para el mes de septiembre. El Gobierno de la Comunidad autorizó este jueves el pago de los gastos de alquiler y nóminas del Servicio Regional de Relaciones Laborales para «garantizar» que funciona «a pleno rendimiento» tras las tensiones de tesorería provocadas en la institución por la gestión del anterior consejero de Empleo, Mariano Veganzones (Vox).
Una decisión que da continuidad a la reunión celebrada este lunes entre la nueva titular, Leticia García, con patronal y sindicatos, donde sentaron las bases para recuperar y reforzar el Diálogo Social en la Comunidad. El primer paso es que la Junta abone los atrasos que se debían al arrendador de la actual sede del Serla, unos 30.000 euros, así como las nóminas que tenía sin cobrar el director gerente de la entidad, cuyo salario anual se asemeja al de «un alto cargo» – entre 65.000 y 75.000 euros–.
«Se acuerda flexibilizar algunos de los pagos, y la idea es que el Serla siga prestando sus servicios pensando siempre en el interés general», resumió el portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se dio luz verde a esta decisión. Gastos que se cargarán a la aportación concedida en mayo a la entidad, que alcanzaba los 400.000 euros y que no se va a ampliar.
La liquidación de las deudas que arrastraba el Serla también llegó con un 'recado' de Fernández Carriedo a patronal y sindicatos, a los que advirtió que advirtió que la Junta no renuncia a impulsar medidas de ahorro en el servicio como la búsqueda de un centro de trabajo con un arrendamiento más barato o «a coste 0». Un mensaje en el que el también consejero de Economía y Hacienda dejaba entrever que una de las medidas de «austeridad» que promuevan sea el traslado a dependencias de la propia Comunidad o mediante la búsqueda de unas instalaciones más baratas, que las actuales en el centro de Valladolid.
«Si somos capaces de asegurar la máxima calidad en la prestación del servicio público y podemos encontrar en el mercado un alquiler a coste cero o en mejores condiciones, es obligación de todos los patronos hacerlo», repitió Fernández Carriedo en varias ocasiones, que insistió en la idea de un servicio prestado «con eficacia y austeridad». Todo ello, dijo, para «garantizar, como hemos hecho siempre», el funcionamiento del Serla e indicó que aunque no haya ninguna aportación de otra administración –con su correspondiente crítica al Gobierno de España–, harían el «esfuerzo» para hacer frente «a todas las deudas» con el fin de no perjudicar a los ciudadanos.
El portavoz de la Junta reconoció que la labor del Serla es «muy relevante» para los trabajadores de la Comunidad, y que desde el Ejecutivo autonómico se trata de un servicio «importante». Señaló en este punto que los acuerdos alcanzados en el seno del Serla ayudan a rebajar la «conflictividad social» y ayudan a reducir el número de huelgas o paros en Castilla y León:«Esto es bueno para la sociedad».
Por último, y cuestionado sobre los siguientes pasos para 'reanimar' el Diálogo Social en la Comunidad, el portavoz anunció que a finales de agosto o principios de septiembre se convocará la reunión de la Comisión Permanente para estudiar y cerrar los acuerdos que surjan del modelo de concertación autonómica. Tras esto, dijo, será el momento de celebrar la reunión del Consejo del Diálogo Social –la última fue hace un año– entre la Junta, la patronal y los sindicatos para rubricar los nuevos planes que se llevarán a cabo en la Comunidad.