Son muchos los frentes abiertos que afrontan los juzgados burgaleses para este 2025. Tal vez lo más inminente es dilucidar quién estará al frente de la Audiencia Provincial y también del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Una de sus principales labores será pelear por descongestionar los órganos, especialmente en algunas jurisdicciones. Tienen trabajo reivindicativo por delante, pues en apenas un año se han incrementado alrededor de un 20% los asuntos pendientes. Los penales y sociales son los más afectados por el colapso, aunque hay abogados que instan a crear nuevas unidades civiles, especialmente en materia mercantil, ante previsible aluvión de asuntos que se avecina.

Ya dijo hace unos días a este periódico la jueza decana, Teresa Gonzalo, que lo más urgente para la provincia de Burgos era la creación del cuarto juzgado de lo Social ante una situación que calificó de «insostenible». Pese a que el nivel de procedimientos que asumen los tres órganos está muy por encima de los parámetros recomendados por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio no ha autorizado la creación de nuevas unidades, aunque en su día el secretario de Estado prometió que se daría respuesta a las demandas.

La única medida de refuerzo concretada en los últimos dos años ha sido la incorporación de una magistrada de apoyo. Pero la cuestión es que esta jueza cesará en este inicio de año y será necesario solicitar nuevamente una convocatoria para cubrir su ausencia. Aun con todo, esta no es más que una 'tirita' que poco o nada resuelve en la provincia, pues en algunos casos se está señalando a un año vista.

Algo similar ocurre en los juzgados penales. Desde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se ha solicitado en dos ocasiones la incorporación de un magistrado que se dedique en exclusiva a la ejecución de penas. Una medida que, aunque se antoja insuficiente dado el volumen de trabajo que soportan los tres órganos burgaleses, al menos aliviaría la carga de asuntos actual.

El Poder Judicial, a través del Servicio de Inspección, ha denegado la medida y tampoco ha propuesto soluciones más allá de un plan de señalamientos y ligeros cambios a nivel procesal que se han establecido hace unas pocas semanas. Una alternativa que seguramente tampoco mejore mucho una agenda prácticamente completa hasta el 2026.

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