Cuatro meses y medio después de la devastadora dana del 29-O, que dejó 228 muertos y un reguero de destrucción inmenso a su paso, a las voces que claman por poner el foco en la necesaria reconstrucción se suman también las que exigen justicia. Una demanda atronadora a la que la titular del juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz, está tratando de dar respuesta, en una causa en la que existen dos versiones contrapuestas sobre lo que ocurrió en los primeros instantes, vitales a la postre, de la trágica riada: la de la Generalitat valenciana y la del Gobierno central.

Así, esta semana, la magistrada marcó un antes y un después en el caso que investiga la gestión de la dana con un auto en que llama la atención su contundencia. Y es que, el documento afirma que el 29 de octubre hubo anuncios de la «gravedad» de la situación desde diferentes ámbitos -Aemet, medios de comunicación, llamadas al 112 y de la Confederación Hidrográfica del Júcar- y con «antelación suficiente» como para advertir a la población del riesgo existente. 

En el documento, en el que cita a declarar como investigados (aún sin fecha) a la exconsejera valenciana de Justicia e Interior Salomé Pradas y a su número dos, Emilio Argüeso, la jueza señala que el problema residiría «no en la ausencia de datos, (los había sobrados y por innumerables medios, en tiempo real, al alcance de los responsables), ni en si la información venía de órganos dependientes de la administración central (CHJ o AEMT) o autonómica (el 112 Comunidad Valenciana), sino en el hecho de que o bien se ignoró por no comprender su alcance (lo que resultaría igualmente grave) o no se tomaron las decisiones pertinentes».

Esa es la justificación de la instructora para imputar a Pradas y Argüeso en la causa, ambos exaltos cargos del Govern que lidera Carlos Mazón, sin perjuicio de que más adelante se cite también como investigados a otros responsables dependientes del Ejecutivo central. Como admite la magistrada, toma la decisión tratando de entender las causas, «hasta el momento no explicables ni a sus ojos ni a los de los familiares fallecidos», señala en un auto, «de por qué no se indicó a la población que se resguardara subiendo a zonas altas, más allá del doloroso, por su tardanza, e incompleto, por su contenido, mensaje que se remitió ciñéndose a evitar desplazamientos». 

De igual modo, Ruiz resalta que la convocatoria del Cecopi se llevó a cabo «con una gran demora», mientras que la toma de decisiones por parte de la administración autonómica destinada a alertar a la población se produjo «con un retraso todavía mayor». 

En este sentido, cita cuatro elementos claves para sostener su afirmación: los avisos de AEMET los días previos y el mismo 29-O; las casi 20.000 llamadas de afectados al teléfono 112 de Emergencias de la Generalitat aquella jornada; los medios de comunicación, «que fueron informando de manera clarísima de la evolución de la dana»; y el acceso a la información que «se podía efectuar a través del sistema integrado SAIH, así como los correos electrónicos» de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a cuyo presidente, Miguel Polo, libera de toda responsabilidad penal.

Señala así la instructora directamente a la Generalitat pues, como asevera, constituye «un saber común» las repercusiones de las inundaciones en la Comunidad Valenciana, con la riada de 1957 y la pantanada de Tous como las más graves. Por ello, recalca que «correspondía a las autoridades autonómicas alertar a la población, acordar las medidas pertinentes (...), garantizar y minimizar las consecuencias de los efectos de unas precipitaciones que desbordaron ríos y barrancos, pusieron al límite las presas, y que produjeron una sucesión trágica de fallecimientos».

Grabaciones del 112

Como otra de las vías abiertas en su investigación, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja preguntó a varios familiares de víctimas de la devastadora dana si dan su consentimiento para que se recabe el contenido de sus llamadas al 112.

Estas comunicaciones con el servicio de emergencias de la Comunidad Valenciana centran uno de los focos de esta causa, especialmente tras conocerse que fueron cerca de 20.000 las llamadas recibidas la tarde del 29 de octubre.

Las acusaciones populares personadas en el caso esgrimen toda la información contenida en ellas para subrayar que la dirección de la emergencia debía conocer, por las propias alertas que lanzaban las víctimas, lo que estaba ocurriendo. Personas atrapadas en casas donde el agua llegaba a los dos metros o en comercios de donde no podían salir; gente en tejados de viviendas, en techos de vehículos y en árboles; coches arrastrados, barrancos y ríos desbordados...trazan el relato sonoro de la tragedia.