Las variables que rigen el actual y caducado modelo de financiación autonómica dibujaron el pasado año una diferencia en las entregas a cuenta entre Cataluña y Castilla y León cercana a los 16.000 millones de euros. Una cuantía a la que ahora podrían sumarse otros 30.000 millones más si el pacto anunciado por ERC con el PSC para investir a Salvador Illa se lleva a cabo. Al menos en los términos comunicados por los republicanos, que avanzaron la «soberanía fiscal» con un suerte de 'Hacienda catalana' para salir del régimen común y recaudar y gestionar desde la Generalitat la totalidad de sus impuestos: la llave de una caja con 53.500 millones de euros en 2023 y subiendo. Esto, si se compara con los 7.561 millones en entregas a cuenta que recibió Castilla y León el pasado año, multiplicaría la brecha en financiación y recursos disponibles entre ambas comunidades a 46.000 millones de euros: Casi tres veces el presupuesto de Castilla y León este año. O lo que es lo mismo, siete veces más fondos para sanidad, educación, servicios sociales, carreteras, infraestructuras...

El preacuerdo entre PSC y ERC hecho público este martes prevé que Gobierno y Generalitat definirán el nuevo sistema de financiación «singular» para Cataluña, que supone establecer un concierto económico para esta Comunidad a cambio del apoyo a Illa. De hecho, el IRPF será el primer impuesto en el que se avance para implementar el nuevo modelo de financiación de Cataluña, cuya ejecución se asegurará a lo largo de 2026.

Es evidente que los resortes internos del modelo de financiación autonómica y la recaudación tributaria soportan un sinfín de variables, pero sirven para conocer las notables diferencias que puede generar un acuerdo contra el que Castilla y León ya se ha revuelto: «Iremos a los tribunales en una batalla judicial sin precedentes».

Ofensiva de la Junta

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pasa al ataque contra un pacto para investir a Illa que tachó de «robo a Castilla y León». «Es un asalto a la caja común de España para sus pactos políticos», verbalizó el dirigente regional, que anunció que su Gobierno liderará una «batalla judicial sin precedentes» contra el acuerdo de ERC y PSC si contempla la autonomía fiscal plena en Cataluña. Una ofensiva, dijo, ante el Tribunal Constitucional, ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo «en función de quién adopte los acuerdos». Tampoco faltarán las mociones en las Cortes, ayuntamientos y diputaciones para obligar a los miembros del PSOE a posicionarse: «En Castilla y León no se les va a perdonar y vamos a obligar a todos los socialistas que tienen responsabilidades a que se pronuncien respecto a este asunto por la presentación de mociones por el asalto de Sánchez a la caja común de todos los españoles».

En la misma línea se pronunció el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que aseguró a este periódico que el pacto PSC-ERC supone «la ruptura de la igualdad entre españoles». «Es la clara visión de Sánchez de que en España hay ciudadanos de primera y de segunda», significó el también portavoz autonómico, que denunció que se trata de un acuerdo «que se ha negociado de espaldas al resto, que solo beneficia a los separatistas de Cataluña, y lo que sobre nos lo repartirán entre el resto». «Se rompe la igualdad sin transparencia», resumió Fernández Carriedo, que no oculta su «decepción» con el PSOE.

Silencio en el PSOE

Mientras, en las filas socialistas de Castilla y León guardan silencio ante este preacuerdo y ayer, solo la alcaldesa de Palencia y secretaria provincial del PSOE, Miriam Andrés, hizo un alegato en defensa de la redistribución y solidaridad entre territorios en línea con lo expresado por el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page.