De un tiempo a esta parte los noticieros no paran con la llegada masiva de personas al territorio nacional incumpliendo la normativa. Quienes gobiernan o quieren gobernar utilizan la noticia únicamente para echársela a la cara en la contienda electoral, sin asumir que cada uno de esos inmigrantes son la evidencia del fracaso de la política de inmigración y del régimen que establece los requisitos de entrada, de residencia, de trabajo, etc. Eso que se llama ley de derechos y libertades de los extranjeros en España. La primera ley sobre esos derechos y libertades es de 1985. Desde entonces nadie nos explica porqué esas gentes no vienen como los demás, en líneas regulares pasando el correspondiente control fronterizo, sin más gasto para el contribuyente que el de la denegación de entrada y, en su caso, la devolución al país de origen o la expulsión del territorio nacional.

Simplificando mucho. La entrada en España requiere pasaporte, visado y medios económicos para no ser una carga al contribuyente. Muchas de las veces lo que les falta es el visado, que se les deniega en nuestros consulados porque vienen a trabajar sin contrato de trabajo. Como el ser humano es extraordinario, sin contrato opta por la vía irregular y se salta a la torera los requisitos de documentación, la frontera y todo lo que se le ponga por delante, de tal suerte que, en este caso, en vez de venir en ferry lo hace en cayuco.

Como parece que no es cuestión de arreglar el desaguisado, sino de sacar votos, en vez de flexibilizar los visados y dedicar los recursos a controlar eficazmente las condiciones de residencia y trabajo, gastamos millones de euros en fuerzas de seguridad, diplomáticos, barcos de rescate, asistencia sanitaria, letrada, ONG's y un largo etcétera con muy poco resultado. Sinceramente, si se trata de que esos migrantes no sean una carga para el contribuyente, a mi no me salen las cuentas.