Enresa presentó hoy al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la documentación para solicitar la autorización de transferencia de titularidad y de la primera fase de desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. El Ministerio, una vez recibido el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y previos dictámenes e informes que correspondan, incluida la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), adoptará la oportuna resolución.
Según las previsiones de Enresa, dicha autorización podría ser efectiva en 2022, momento a partir del cual comenzaría la ejecución material de la primera fase del desmantelamiento. En esta fase, con una duración prevista de tres años, las actividades principales serán la carga del combustible gastado en contenedores y su traslado desde la piscina al Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la propia central, así como el desmontaje del edificio de turbina para acondicionarlo como edificio auxiliar de desmantelamiento necesario para la ejecución de la segunda fase.
La ejecución de la segunda fase del desmantelamiento requerirá también de la autorización por parte del MITECO, previo informe favorable del CSN. Para esta segunda fase, cuyo inicio se prevé en 2025, se estima una duración de siete años, y en ella se llevará a cabo el desmantelamiento del reactor, así como del resto de edificios con implicaciones radiológicas, siguiendo con las actividades de descontaminación, desclasificación y demolición de edificios, para concluir con la restauración ambiental del emplazamiento.
Hasta que Enresa reciba la autorización del desmantelamiento de la primera fase y la transferencia de titularidad de la central, continuarán avanzando las actividades preparatorias (fase de transición). Así, Enresa y la empresa propietaria de la central, Nuclenor, concluyeron recientemente la caracterización radiológica del edificio de turbina, y están próximos a su finalización la puesta fuera de servicio de sistemas no necesarios para el desmantelamiento.
Próximamente, según avanzaron fuentes de Enresa, se iniciarán las actividades relacionadas con la eliminación de riesgos convencionales, la descontaminación de sistemas y la adaptación de las instalaciones auxiliares a las necesidades del desmantelamiento, así como la carga de los primeros cinco contenedores de combustible gastado y su traslado al ATI.
468 millones, coste total estimado. El coste total estimado para las actividades contempladas en todas las fases mencionadas es de unos 468 millones de euros, que procederán del Fondo para la Financiación para actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, que gestiona Enresa y que se nutre de la prestación que satisfacen los titulares de las centrales nucleares en explotación. En esta cantidad no se incluye el coste ya incurrido de construcción del ATI ni tampoco los contenedores para el combustible gastado.
Asimismo, precisaron que en el marco de la Estrategia de Transición Justa y de sus convenios de transición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Enresa facilitará la actividad económica y la creación de empleo en el entorno de la central, en colaboración con los ayuntamientos y los agentes sociales y económicos provinciales y regionales, con sujeción a la Ley de Contratos del Sector Público y desde el respeto a los principios de transparencia y no discriminación.
La central nuclear de Santa María de Garoña, con una potencia eléctrica de 466 MW, se inauguró en 1971 y cesó la generación de electricidad en diciembre de 2012. Por Orden del entonces Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital se le denegó definitivamente la renovación de su autorización de explotación en agosto de 2017.