Agustín Herrero ya conoce la sentencia por haber matado a su mujer a martillazos y por la espalda. El fallo de la Audiencia Provincial de Álava establece que el castigo por los hechos ocurridos el 3 de octubre de 2017 en el domicilio familiar, se tienen que castigar con 21 años en prisión, por un asesinato con dos agravantes: el de parentesco y de género. La cifra se acerca más a los 25 que pedía el ministerio Fiscal y las otras tres acusaciones, que a los 15 que solicitaba la defensa y eso, que ni la jueza ni los miembros del jurado consideraron que durante el juicio se acreditara que el crimen se produjo con ensañamiento, lo que hubiera añadido años de cárcel.
La sentencia sí que ha tenido en cuenta el agravante de parentesco y el de género, por lo que el crimen se encuadra dentro de la violencia machista. El jurado ya había respaldado este aspecto, aunque la magistrada también lo hizo por «la actitud controladora» del asesino, y remarca que «no cabe duda» de que «ante la intención de separarse de su mujer y conociendo la relación que había iniciado, impidió ejercitar su derecho a decidir de la peor manera posible, acabando con su vida».
Para decidir el fallo, la jueza tampoco ha tenido en cuenta los atenuantes a los que apelaba la defensa de Herrero, puesto que ni aceptó reparación del daño causado, ni las dilaciones indebidas por el retraso en el procedimiento judicial. Aún así dentro de la sentencia, la magistrada afirma que «se debe valorar la declaración del acusado en el plenario y en instrucción, reconociendo los hechos y la circunstancia de alevosía, así como no rebatiendo los dos agravantes pedidos por las acusaciones».
Gracias a esta actitud durante el procedimiento, la jueza establece que se tiene que «moderar la pena» y por eso en lugar de los 25 años máximos de condena se acerca más a los 20 mínimos, por el delito por el que se juzgaba.
En el fallo también se condena a Herrero a pagar una indemnización a cada uno de los dos hijos de 120.000 euros, además de 20.000 para las dos hermanas y hermano de la víctima. Para proteger a estos familiares se establece una orden de alejamiento de 500 metros con los domicilios, trabajos y cualquier otro lugar que frecuenten, por un plazo de dos años a partir de que Herrero salga de la cárcel. También se le retira la patria potestad del hijo que todavía es menos.
Estos son los puntos de la sentencia que «no es firme», por lo que contra ella se pueden establecer recursos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.