En el año 2023 un total de 1.944 niñas, niños y adolescentes de la provincia de Burgos estaban incluidos en alguno de los programas que componen el sistema de atención y protección a la infancia de Castilla y León debido a que los servicios sociales encontraron dificultades de las familias en su crianza. Esta cifra supone alrededor del 3,5% de toda la población hasta los 18 años y ha experimentado un crecimiento exponencial desde 2007, que es el primer año del que la Junta ofrece datos. Entonces fueron 643 (el 1,07% del total de menores), número que se ha triplicado. ¿Cuál es la razón de este importante incremento? Tomás Montero, director técnico de Atención a la Infancia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, lo vincula con el hecho de que en la actualidad hay muchos más programas y profesionales en los servicios sociales de base -que son los que ofrecen los ayuntamientos- que llegan a más familias en dificultades a las que antes no se atendía por falta de recursos y con las que ahora se abordan los problemas  para que no empeoren, y rechaza de plano que haya más menores que no estén siendo bien cuidados.

En este sentido, indica que la cifra de los menores que son tutelados por la administración, que es, digamos, el paso extremo, último y previo al inicio de los procesos de acogimiento o adopción y que se materializa con la separación del niño de sus padres y la suspensión de la patria potestad, se mantiene estable con variaciones «poco significativas» y en una media de 155 al año. En la comunidad autónoma está en 1.380 anuales, «una cifra por debajo de la media de otras regiones». Se trata, asegura el experto, de casos con dificultades que no se consiguen resolver por más medidas que se incorporen y que significan que los niños están creciendo en un ambiente que les perjudica gravemente.

Los números de la Consejería incluyen a los niños y familias que están en cualquier programa que les ayude a superar sus problemas. Algunos son gestionados por el Ayuntamiento con la financiación del Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Servicios Sociales como el denominado Programa de Atención a Familias, que cuenta con un equipo profesional de psicólogos y educadores que ayudan a resolver problemas que afectan al bienestar familiar. La solicitud de esta ayuda se realiza en el ceas de cada barrio y se puede hacer cuando aparecen dificultades en las relaciones de pareja, en la educación y cuidado de los hijos o cuando se atraviesan situaciones de separación o divorcio complicadas. Allí son atendidos por profesionales del trabajo social que valoran el recurso más adecuado. La gestión del programa es de la Fundación Lesmes, que cuenta con cuatro equipos compuestos por una psicóloga y dos educadoras sociales que trabajan a demanda de las propias familias, como ya se ha indicado, pero también cuando desde algún operador social (policía, colegios, centros de salud...) se da la voz de alarma sobre  detalles apreciados en los niños que pueden hacer pensar que algo no funciona correctamente en la familia. En ese momento se informa a la trabajadora social y ésta se pone en contacto con los afectados; finalmente, cuando desde el servicio de Protección a la Infancia de la Junta se ha verificado la desprotección de un menor y se le ha separado de sus padres, se solicita el PAF para trabajar con esa familia con el objetivo de que los niños puedan volver a su casa.

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