En Burgos capital podrán abrir más casas de apuestas si así lo permite la demanda y siempre y cuando cumplan las limitaciones establecidas en la Ley del Juego de Castilla y León. Asimismo, la reciente sentencia del Tribunal Supremo despeja dudas sobre los 23 establecimientos ya abiertos al público en la ciudad, pues deja claro que están dentro de su ordenamiento urbanístico y, si así lo requiriesen, pueden someterse a cualquier obra de mejora, reforma o ampliación como cualquier otro negocio legal. 

El sector del juego, representado por la Mesa Intersectorial que integra a los empresarios de casinos, bingos, casas de apuestas, máquinas y salones, así como a los sindicatos CCOOy UGT y la Federación Castellano Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fecyljar), ha recibido con alivio y satisfacción la sentencia del Tribunal Supremo que anula la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU),que impedía la apertura de más locales dedicados a las apuestas en las zonas residenciales de la ciudad.

A partir de este fallo, sobre el que no cabe recurso, los empresarios del juego atenderán en sus futuras implantaciones a lo que dicta la Ley del Juego, reformada hace unos meses con el acuerdo de sindicatos y afectados por la ludopatía, que establece una distancia mínima de 300 metros entre estos negocios y de 150 metros con respecto a los centros escolares. 

La Ley, subrayan, también les obliga además a realizar controles de admisión y prohibición en sus accesos para los menores de edad y para aquellas personas censadas en los registros de prohibidos, que generalmente tienen problemas de ludopatía y quieren que no se les permita el acceso a locales de juego. 

La decisión de abrir nuevos negocios a partir de ahora forma parte de la estrategia de cada grupo empresarial, aunque reconocen que la «explosión» de aperturas en los años previos a la pandemia respondió a «una moda» que, poco a poco, se ha ido calmando.

«Todo lo ocurrido obedece a una persecución sin cuartel contra el juego privado, sin razonamiento ni motivación alguna», argumenta el portavoz del Mesa Intersectorial del Juego, Jesús Serrano, quien critica que la modificación del PGOU solo «persiguiese» al juego privado presencial «no a los puestos de la ONCE o de Loterías y Apuestas del Estado, que proliferan sin limitación de ningún tipo».

El acuerdo plenario de 2021, con Daniel de la Rosa como alcalde, es tildado por el sector del juego privado como una «restricción absolutamente desmedida y desproporcionada, que desoye una normativa que ya existe en Castilla y León, de la que es competente la Junta, y que impone sus restricciones».

«Hemos sufrido una batalla demagógica y sectaria sin sentido y fundamentación, parece que solo nuestro juego produce ludopatía y los otros no. El intento de llevar las salas de apuestas a los polígonos nos condenaba al ostracismo y somos un sector que aporta una gran cantidad de impuestos al erario público y que destina fondos a fines sociales».

Mapa del juego. En la provincia de Burgos hay un total de 2.425 establecimientos en los que se puede jugar o apostar, la gran mayoría de ellos son bares, en los que hay a disposición del público 1.971 máquinas recreativas y de azar, según consta en la Memoria Anual del Juego y las Apuestas de la Comunidad de Castilla y León.

Se estima que el juego supone un gasto al año en torno a 140 millones de euros entre los burgaleses, 123 de los cuales corresponde a los diferentes sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (con el Gordo de la Navidad a la cabeza, con casi 50 millones) y 9 millones a los juegos privados. 

En este cómputo no entra el floreciente negocio de las apuestas y los juegos online, uno de los ámbitos que más está alimentando el problema de la ludopatía entre los jóvenes y más difícil de tratar, dado que se apuesta ante pantallas digitales y desde cualquier lugar.

La sentencia de la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo emplea los mismos términos que lo ocurrido en Barcelona, donde también se quiso poner coto a estos negocios por parte del Ayuntamiento invadiendo competencias de la Generalitat. 

En el municipio de Talavera de la Reina, el Supremo dio la razón a las distancias de 300 metros entre casas de apuestas establecida por el Ayuntamiento porque no había una normativa autonómica que lo regulase previamente. 

«Indefensión». Desde la Asociación Burgalesa de Rehabilitados del Juego (Abaj), que alentó las limitaciones urbanísticas impulsadas por el Ayuntamiento ante la problemática creciente de la ludopatía en la ciudad, se ha recibido el fallo del alto tribunal con «absoluta indefensión e indignación». 

No cuestionan la resolución judicial, que pone fin a una lucha de más de cinco años que, recuerda David Burgos, psicólogo de Abaj, «se inició por los que aún no han caído en la ludopatía, los más jóvenes, que han encontrado en los salones de juego una alternativa de entretenimiento. Muchos de ellos acabarán siendo jugadores patológicos...».

David Burgos alerta de que los jóvenes son «muy vulnerables» al juego y al círculo vicioso que genera las ganancias y lamentan que esta actividad esté avalada y protegida por la Junta de Castilla y León, competente en esta actividad. «Es inútil y lamentable que estas salas de juego sigan adelante, que la gente siga cayendo y que incluso acabe en el suicidio por los problemas con las apuestas». 

 «Vemos como cada vez hay más ludópatas porque las modalidades de juego y su enorme atractivo son cada vez mayores. Es una tela de araña que envuelve...», denuncian.