La galopante inflación que ha sacudido a la economía burgalesa -y a la mundial- en los últimos dos años ha generado una acuciante pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Con el IPC cerrando 2021 y 2022 en el 7,3% y el 5,6% respectivamente, las pírricas subidas salariales del 1,4% y del 2,2% no lograron paliar el incremento del valor de prácticamente cualquier materia o producto.

Sin embargo, y ya con una subida de los precios algo más contenida -en diciembre la inflación en Burgos fue del 3%-, la negociación colectiva ha logrado repuntar y cerrar el año con subidas del 2,98%. De este modo, los burgaleses han experimentado el alza de sus nóminas más elevado en los últimos 15 años. Hay que remontarse a 2008, justo antes de estallar la burbuja financiera, para encontrar un balance anual más beneficioso para los trabajadores de la provincia. Por aquel entonces, sindicatos y patronal firmaron un aumento de las nóminas del 3,42%, apenas medio punto más que lo pactado este 2023.

«Hemos llegado al límite que podíamos pagar, entorno al 3%», confiesa Íñigo Llarena, vicesecretario general de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE). Recuerda uno de los principales actores que tiene la patronal para negociar distintos convenios sectoriales que no es justo fijarse en las subidas que han logrado otras provincias y que, en ocasiones, pueden ser superiores a las de Burgos. «Al tener nosotros tablas salariales más elevadas evidentemente el porcentaje de aumento no influye lo mismo a las empresas de esta provincia que de otras», aclara Llarena.

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