El Juzgado de lo Penal número 3 de Burgos condenó a un trabajador del servicio de limpieza Semat, antigua adjudicataria del contrato municipal, a un año de prisión por la muerte de un compañero en un accidente laboral. El juez cree que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave. Además, la empresa, a través de la aseguradora, deberá hacerse cargo de las indemnizaciones a la familia del fallecido, que rozan los 200.000 euros. 

En trámite de conformidad, el ahora condenado asumió como hechos probados el relato del Ministerio Fiscal y la Acusación Particular, que en un principio solicitaba hasta cuatro años de prisión. Según sus escritos, todo ocurrió sobre la una de la madrugada del 18 de enero de 2021 en la nave del servicio ubicada en la calle Merindad de Sotoscueva del polígono de Villalonquéjar. Víctima y acusado debían llevar a cabo tareas de carga de sal en una zona de almacenamiento. Para tal fin, los operarios solían utilizar un tractor de la marca New Holland que en esos momentos se encontraba averiado y estaba siendo reparado por un mecánico. Es por eso que el procesado solicitó al encargado poder utilizar otro transporte más pequeño de la compañía Kubota.

Al tratar de arrancarlo, se percató de que se encontraba sin batería, razón por la cual «tomó la decisión de utilizar un arrancador portátil sin el conocimiento de su superior». Para ello contó con la colaboración de su compañero. Ambos conectaron el cargador a la batería. La víctima se colocó entre la rueda izquierda y la parte delantera del vehículo para sujetar una de las pinzas, mientras que el ahora acusado se subió a la cabina e hizo funcionar el contacto sin advertir que la marcha estaba metida y no estaba echado el freno de mano.

El arranque provocó que el tractor se desplazara dos metros y atropellase a su compañero, quien falleció horas después a consecuencia de un shock traumático derivado de un «traumatismo por aplastamiento». La víctima, de 62 años, estaba casado y tenía dos hijas. La empresa Semat tenía concertada una póliza de responsabilidad civil con Allianz. 

El fallo de la sentencia concluye que los mencionados hechos suponen un delito de homicidio por imprudencia grave en relación con la ley de prevención de riesgos laborales sobre disposiciones mínimas de seguridad en equipos de trabajo. Le condena, por tanto, a un año de prisión. Una pena que, sin embargo, se suspende por un periodo de dos años condicionado a que durante dicho plazo el ahora condenado no cometa ningún delito, esté localizable y comunique cualquier cambio de domicilio. 

En concepto de indemnizaciones, el Semat como responsable civil subsidiario y la aseguradora Allianz como directo deberán pagar a la familia del fallecido un total de 195.000 euros. Cabe recordar que la acusación particular solicitaba cuantías que superaban los 400.000 euros.