Uno de los retos más acuciantes a los que se enfrenta el Gobierno es la búsqueda de equilibrio del sistema de pensiones en plena cascada de jubilaciones de la generación del baby boom. En este sentido, el Ejecutivo acaba de aprobar vía Real Decreto-Ley el desarrollo reglamentario para implementar una nueva cotización social a los salarios más cuantiosos.
Esta 'cuota de solidaridad' se activará para todos aquellos trabajadores que superen la base máxima prevista (unos 56.600 euros) a partir del año que viene. De este modo, 2024 será el último curso en el que cerca de 6.000 burgaleses que sobrepasan este nivel no cotizarán por un tramo de su nómina. Esta medida, que tiene un componente distributivo, se desplegará gradualmente, partiendo de cuotas de alrededor del 1% en 2025 hasta alcanzar valores alrededor del 6% (5% a cargo de la empresa y 1% a cargo del trabajador) en 2045. Forma parte de la reforma de pensiones aprobada hace ahora un año.
Al final de este periodo, el tipo de cotización será del 5,5% para todos los trabajadores que perciban un salario que se mueva entre la base máxima y un 10% más. El 6% se aplicará a las nóminas de todos aquellos burgaleses cuyas retribuciones superen la base máxima entre un 10% y un 50%, mientras que el 7% será cuando se sobrepase un 50% la base máxima. Esta 'cuota solidaria', tal y como apuntaron desde el Gobierno, no se aplicará a trabajadores autónomos.
Con esta medida el Ejecutivo pretende actuar en el flanco de los ingresos para tratar de hacer algo viable el sistema de pensiones. Las 'ganancias' del Estado por cotizaciones sociales a la Seguridad Social registraron un incremento del 10,3% durante el 2023. En total se alcanzaron los 154.633 millones de euros (14.385 millones más que un año antes) gracias, principalmente, a la mejoría del empleo. Es el mayor ritmo de aumento de la serie (desde 2004).
Desequilibrio notorio. A nivel provincial, la Seguridad Social había abonado entre los pasados enero y agosto 1.013 millones de euros para saldar el pago de las pensiones a más de 92.400 burgaleses que las tienen reconocidas. Esta cantidad, la más elevada en los ocho primeros meses del año desde que hay registros, es más del doble de los ingresos que ha registrado el Ejecutivo procedentes de las cotizaciones sociales.
Empresas y trabajadores asalariados en la provincia de Burgos, a través de su actividad laboral, han 'entregado' a la Seguridad Social en ese mismo periodo 502,6 millones, una cantidad que ni tan siquiera sirve para cubrir la mitad del gasto en pensiones. La viabilidad del sistema, por tanto, es más necesaria que nunca.