Dentro de unos años, cuando se deguste un queso de Burgos oportunamente etiquetado con la Indicación Geográfica Protegida (IGP), será bueno recordar que cinco queserías familiares de la provincia dedicaron más de veinte años, mucho dinero y no pocos disgustos a defender este alimento elaborado de forma artesanal en la provincia desde hace seis siglos.

Su oponente en esta defensa ha sido la gran industria, más de 60 empresas que transforman el 95% de la leche que se produce en España representadas en la patronal Fenil, que ha mantenido una batalla judicial y comercial contra los pequeños elaboradores tradicionales durante más de dos décadas.

Todo indicaba que el contencioso acabaría en el Tribunal Supremo (incluso se temía que en los tribunales europeos), pues Fenil ya anticipó que presentaría un nuevo recurso de casación. Pero los plazos se han agotado sin dar este paso y con ellos una batalla judicial cuyo objetivo último era entorpecer al máximo la creación de la IGP.

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