El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha exigido a la Agencia Tributaria (AEAT) en Burgos que cese en la persecución fiscal de familias con miembros con gran discapacidad. La denuncia, avanzada por Diario de Burgos en su edición del domingo 17 de octubre, ("Ahora mismo hay casi 2.000 familias con el alma en vilo" ) pone de relieve el malestar de la plataforma de la discapacidad, que a través de una carta dirigida al director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, le traslada la inquietud de este sector social tras conocer el "enorme malestar en cientos de familias que tienen en su seno a personas con discapacidad y grandes necesidades de apoyo".
Y es que, según el CERMI, la Delegación Especial de la AEAT ha realizado una revisión e inspección de declaraciones de IRPF, de los últimos cinco años, de familias de personas con discapacidad (trastorno del espectro del autismo, discapacidad intelectual, etcétera), que culminan con la reclamación de reintegros cuantiosos por aplicación indebida de deducciones para atención y cuidado a personas con discapacidad a su cargo.
En este sentido, el CERMI declaró en su carta que esto supone una "interpretación errónea por parte de la AEAT en Burgos", que entiende que personas con gran discapacidad que están residiendo de forma permanente en recursos sociales de vida colectiva como residencias, no están a cargo de las familias, por lo que estas no pueden aplicarse las ventajas fiscales establecidas para estos casos.
Por este motivo, el sector social de la discapacidad aclaró al director de la AEAT que residir en una institución colectiva no significa "en ningún caso" que no exista dependencia económica de la familia, pues la residencia solo cubre ciertos aspectos de la vida de la persona con gran discapacidad.
"Las partidas de gastos que asumen las familias de personas residentes en establecimientos colectivos son variadas, enormes y de gran impacto, por lo que afirmar que no hay dependencia económica es percibido como una burla hiriente e inhumana", subrayó el CERMI en su escrito recogido por la agencia Ical.
Por ello, el CERMI solicitó la intervención inmediata del director general para "cesar estas actuaciones injustificadas y desafortunadas, que se cancelen los procedimientos en curso y se compense a las familias que hubieran abonado reintegros, con recargos y multas, por haber incurrido es sanciones firmes".