Segoviano de 60 años, desde el año 2005 preside el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Hace tiempo que debería haber finalizado su tercer mandato, sin posibilidad de optar a más por un reciente imperativo legal, pero el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial impide el nombramiento de un sucesor. Esa parálisis, que no duda en achacar a los intereses del poder Ejecutivo, le sirve a Concepción para hacer una dura crítica a los políticos. Lo hace desde una libertad de expresión que defiende y ha defendido siempre un hombre que no suele morderse la lengua y que ha protagonizado sonados episodios de declaraciones polémicas.

Este año se cumplen 10 años de la gran remodelación de este Palacio de Justicia. ¿Cómo lo valora? ¿Ha funcionado bien este edificio? ¿Aún necesita mejoras?
La sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es la envidia de todos los tribunales superiores y de todos los presidentes cuando han tenido la ocasión de conocerla. Pasamos de un edificio que estaba apuntalado a uno moderno y funcional, que respetando las bases del viejo edificio de la Audiencia Territorial del siglo XIX ahora da gusto acudir a trabajar.

Durante sus obras hubo mucha polémica con la convivencia con la Audiencia y el resto de juzgados. 
Yo sigo pensando que fue un error traer a esta sede, que tiene una competencia autonómica, también la Audiencia Provincial de Burgos. Y sobre todo fue un error vernos privados del edificio de la calle San Juan, que podía haber constituido una estupenda sede para la Audiencia. Es un edificio céntrico e histórico y que podía haber dado cabida a los juzgados que el edificio de Reyes Católicos ya no es capaz de juzgar. Por lo tanto, mis augurios y premoniciones hace ahora 10 años se están cumpliendo rabiosamente. Hemos perdido un edificio que debería seguir siendo para el poder judicial y el de Reyes Católicos se ha quedado pequeño para ningún órgano judicial más.

José Luis Concepción, presidente del TSJ de Castilla y León. - Foto: Luis López Araico

La presencia en Burgos del TSJ es un ejemplo de descentralización de la Comunidad Autónoma, y justo estos días se ha reabierto un debate alentado por la Comunidad Valenciana con propuestas de reubicación de distintos órganos del Estado fuera de Madrid. ¿Qué tal funciona aquí esta descentralización?
Amén de la incomodidad que supone no estar en la capital administrativa de la Comunidad, fundamentalmente para el presidente que es quien debe de tener presencia en actos institucionales, Burgos es sede judicial histórica que existe desde la creación de la Audiencia Territorial en 1834 con motivo de la organización provincial de Javier de Burgos. Y la Audiencia de Burgos extendía su jurisdicción en el siglo XIX a provincias como las vascongadas, Santander, Logroño y Soria. Tiene una raigambre tremenda.

En el informe de la Comunidad Valenciana se proponía Castilla y León para acoger el Tribunal Supremo. ¿Sería posible plantear la candidatura de Burgos para este edificio?
Hay cosas que solo pueden provocar hilaridad. El Tribunal Supremo, que es el máximo órgano judicial de España, y que extiende su jurisdicción a toda España, debe tener su sede en Madrid.

El poder ejecutivo puede controlar al judicial de muchas maneras. La más efectiva es limitándole los medios»

Usted fue nombrado por primera vez en 2005 y está usted en su tercer mandato. ¿Cuándo acabará?
Los mandatos duran 5 años y desde hace unos años están limitados a dos, una limitación que ahora me afecta a mí. Si este país funcionase normalmente debería haber acabado, pero con la situación que vivimos, con un Consejo General del Poder Judicial que ha excedido en casi cuatro años el periodo para el que fue nombrado y al que además se ha amordazado y se le ha impedido realizar una de sus funciones primordiales, cual es la del nombramiento de altos cargos judiciales, mi mandato ni siquiera ha salido a público concurso. Saldrá cuando la situación del CGPJ se normalice. 

¿Por qué cree que no se acomete la renovación del CGPJ? 
Creo que están utilizando el poder judicial como elemento de pugna política, lo cual es absolutamente pervertir el sistema constitucional. Si los jueces eligiéramos a los 12 vocales judiciales hace cuatro años que el CGPJ estaría renovado. Por lo menos en esa parte. Es impresentable que las fuerzas políticas no sean capaces de ponerse de acuerdo para renovar un órgano de cuyo funcionamiento depende la organización judicial en España. La paralización del órgano de gobierno está causando daños que pueden ser irreparables o muy difíciles de arreglar. 

En la memoria judicial de 2021 que presentó usted recientemente se daba prácticamente por superada la pandemia. Ahora que ya estamos en junio del ejercicio siguiente, ¿se puede ya decir que la normalidad es absoluta?
Ya el pasado año el volumen de registro en los juzgados de la Comunidad se había visto incrementado de forma exponencial y el nivel de resolución también, porque los jueces de Castilla y León en el año 2020 habían dictado 43.000 sentencias y en 2021 el número se había duplicado. Cada uno llegó a dictar una media de 366 sentencias, lo que quiere decir una sentencia diaria incluyendo sábados, domingos y vacaciones. Hemos vuelto a las cifras de 2019 y podemos decir que la vida judicial está plenamente normalizada.

¿Y cómo va la recuperación del atasco que se produjo en los primeros meses de la pandemia?
Indudablemente nos ha afectado mucho, hemos tenido que reforzar muchos órganos judiciales porque se ha duplicado el tiempo de espera para la celebración de los juicios en muchas jurisdicciones, especialmente en la social, así que estamos tratando de reforzar los juzgados de lo social del territorio para volver a las cifras de 2019.

¿Y cuándo se logrará reconducir esas «listas de espera», utilizando un término médico?
Pues eso dependerá de la generosidad que tenga el Ministerio de Justicia a la hora de concedernos los refuerzos de medios personales que hemos pedido, porque tratamos de poner más jueces de adscripción territorial e incluso sustitutos para que ayuden a los titulares duplicando el número de señalamientos y por tanto en unos meses volvamos a la normalidad, pero en muchas ocasiones estos refuerzos no son suficientes. El Ministerio debe reforzar también la Oficina Judicial para hacer señalamientos, hacer citaciones y celebrar juicios.

Que la democracia está en solfa con el Partido Comunista en el Gobierno no lo digo yo, lo dice la historia. El comunismo ha provocado 110 millones de muertos»

En la presentación de la memoria sacó usted también una larga lista de reivindicaciones. Pedía nada menos que 16 juzgados y tres magistrados para las audiencias. ¿Con cuántos se conformaría realmente si los consigue?
Vamos a ver, esto no consiste en conformidades. La Sala de Gobierno cada año hace un estudio de necesidades del territorio, es algo racional, no pedimos por pedir sino lo necesario. Si a mí se me diera lo que pido necesitaría entre 15 y 20 unidades judiciales. Los jueces están haciendo un esfuerzo muy importante, el otro día ponía de manifiesto que jurisdicciones como la social y provincias como Salamanca o Burgos están trabajando por encima de sus posibilidades y si el atasco no es definitivo actualmente es porque en los juzgados se está asumiendo mucho más trabajo del que recomiendan los propios CGPJ y Ministerio de Justicia. Este año se van a crear 72 unidades judiciales para todo el territorio nacional y yo, a base de mucho esfuerzo, voy a conseguir tres o cuatro para Castilla y León. Con eso le digo todo. 

¿Esta es una cuestión de dinero o de burocracia? Porque seguramente crear un juzgado cuesta menos que un kilómetro de alta velocidad ferroviaria…
No hay un compromiso efectivo y serio entre las fuerzas políticas, cualquiera que estas sean, para de una vez por todas aprobar esa asignatura pendiente que tiene nuestra democracia: la del poder judicial. La Justicia es el único poder del Estado que no es autónomo desde el punto de vista presupuestario. Nosotros siempre dependemos del poder ejecutivo de turno, sea del nacional como es nuestro caso o del autonómico en aquellos territorios que tienen transferidas las competencias en materia de justicia. Y el poder ejecutivo suele tener otras prioridades.

Si un poder controla al otro a base de cerrar o abrir el grifo económico, entonces no existe tal separación de poderes.
Es evidente que al poder judicial, desde el ejecutivo, se le puede controlar de muchas maneras, pero la más efectiva es limitando los medios personales y materiales para que no pueda desarrollar su trabajo a pleno rendimiento.

¿Cuánto cuesta anualmente un juzgado, en promedio?
Como no tenemos esa autonomía presupuestaria no soy yo muy amigo de dar cifras, porque no las manejo. Pero cueste lo que cueste, si verdaderamente es imprescindible… Y créame que un buen funcionamiento de la justicia es imprescindible en un Estado de Derecho.

¿Es la Justicia más cara que la Sanidad? En absoluto, pero en una se ha invertido y en la otra no»

En Burgos, además de la saturación en los juzgados de Familia y de lo Social, ¿hay algún otro juzgado que tenga riesgo de colapso? ¿Mercantil, quizás?
El juzgado de lo Mercantil transita por algún problema puntual por razón de que su titular está ejerciendo unos servicios especiales en la Comunidad Europea, pero a diferencia de lo que sucedía en el pasado con los asuntos que soportaba actualmente ha vuelto a parámetros de normalidad.

¿Y la avalancha de cuestiones relacionadas con cláusulas hipotecarias?
La creación por parte del CGPJ en junio de 2017 de estos juzgados especializados, la atribución a un Juzgado de Primera Instancia en cada una de las provincias, ha causado muchos quebraderos de cabeza porque perjudica a los restantes porque se han visto sobrecargados con las competencias de las que conocían esos juzgados. Y se han saturado. Los tenemos reforzados en todas las ciudades, con jueces que están duplicando, triplicando y cuadruplicando los juicios que puede asumir su titular. Y aún así no hemos sido capaces de satisfacer todas las demandas que se estaban presentando. Esperemos que pase la avalancha de una vez por todas, que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas resuelva todas las cuestiones prejudiciales y que por tanto con una doctrina clara no se presenten tantas demandas y los jueces puedan resolver con rapidez. 

Más allá de los jueces, ¿sucede también aquí que las plantillas de la administración de Justicia están envejecidas y hay necesidad de renovarlas?
Están envejecidas las plantillas y el sistema, porque el esquema tradicional de los juzgados se ha visto superado en algunas ciudades con la creación de la nueva Oficina Judicial. Por ejemplo en nuestra ciudad, que no es totalmente satisfactoria para resolver los problemas que se presentaban. Y esto ha de verse completado indudablemente con un proyecto que se viene barajando desde el punto de vista prelegislativo desde hace 10 o 12 años, que son los tribunales de instancia, y que acabarían por resolver los problemas existentes en la mayor parte de los partidos judiciales. El legislador debe afrontar de una vez por todas, de una manera valiente y audaz, la organización judicial porque estamos funcionando como en el siglo XIX. No es tan difícil. Exige imaginación y compromiso presupuestaria. Simplemente necesitamos voluntad política para que se haga.

¿Tan carísima cuesta la Justicia, que los sucesivos gobiernos no se animan a reforzarla?
¿Usted cree que la Justicia es más cara que la Sanidad? En absoluto. Pero se ha invertido en Sanidad o en Educación, también en la modernización de la Hacienda, y en Justicia todavía no se ha dado ese paso necesario. Y todo el mundo puede necesitar el servicio público de la Justicia y un Estado moderno como el español necesita una justicia plenamente modernizada.

Durante un tiempo se debatió la conveniencia de transferir Justicia a las Comunidades Autónomas que todavía no tienen las competencias, como en el caso de Castilla y León, y luego ese debate murió. ¿Cree que debería resucitarse?
Mire, el poder judicial es el único del Estado que aparece como único para todo el territorio nacional. Yo desde luego creo que nunca deberían haberse transferido las competencias a ninguna comunidad autónoma. Y si yo pedí en el pasado con insistencia, al presidente Herrera, que asumiera Justicia era por entender que no debíamos quedarnos descolgados del resto de comunidades.  Aunque siempre me he preguntado si no será mejor seguir como estamos que pasar a depender del Gobierno regional… 

Plantear que  el Tribunal Supremo esté fuera de Madrid solo puede provocar hilaridad»

En Cataluña sí que están transferidas hace tiempo, usted conoce bien esa tierra porque trabajó allí, y tras años hablando del 'procés' ahora toca hablar del espionaje a los independentistas. Usted dijo hace poco que no habían sido espiados, sino investigados. ¿Cuál es la diferencia?
Los implicados en el 'procés' han sido condenados en sentencia firme por haber cometido varios delitos. Aparte del de sedición, el de malversación de caudales públicos. Han atentado contra la unidad de España, han sido indultados por el Gobierno actual y han prometido que van a volver a cometer esos actos delictivos en cuanto tengan ocasión. Por tanto yo creo que es claro que, en ese caso, lo que hace legítimamente el Estado es investigar.

¿Esa es la cuestión nuclear? ¿Haber prometido que lo volverán a hacer?
Es que uno de los requisitos del indulto es el arrepentimiento. Cuestión que aquí no se produce, y por tanto los servicios de inteligencia, que para eso están, hacen muy bien en adoptar cautelas, máxime teniendo en cuenta que en este caso la actuación de los servicios de inteligencia está visada por un magistrado del Tribunal Supremo, que es quien garantiza que no se violen los derechos fundamentales de nadie.

El año pasado usted generó una polémica cuando dijo que la democracia estaba «en solfa» por la presencia del Partido Comunista en el Gobierno de España. Aquello le costó la apertura de un expediente disciplinario que luego el CGPJ archivó rápidamente. Ahora que vuelve a haber fricciones en el seno del Ejecutivo por cuestiones como la implicación en la OTAN o la Guerra de Ucrania, ¿sigue pensando lo mismo?  
No lo digo yo, lo dice la historia. El comunismo ha generado en el mundo más de 110 millones de muertos en los países en los que ha tenido algún tipo de influencia desde la revolución soviética de 1917, y los derechos y las libertades de las gentes han sufrido un menoscabo importantísimo allá donde ha gobernado. Y, por cierto, a mí no me abrieron ningún expediente disciplinario; hubo una denuncia de una vocal del CGPJ nombrada a instancia de Izquierda Unida a la que no le debe de gustar la verdad y el promotor de la acción disciplinaria la inadmitió de plano, como no podía ser de otra manera. 

Sin embargo, es un partido político legal que se presenta con normalidad a las elecciones. 
También el Partido Nacional Socialista llegó al poder por las urnas en Alemania en 1933, y no hay que recordar las consecuencias que acarreó su victoria. 

Usted se caracteriza por no morderse la lengua. ¿Un juez debe autocensurarse en su libertad de expresión, o es un ciudadano cualquier que puede y debe incluso expresarse con libertad?
Una cosa es el juez cuando está ejerciendo jurisdicción y otra cosa es el juez como un ciudadano cualquiera. No veo por qué debe de privársele de un derecho fundamental reconocido en la Constitución. Solamente debe autocensurarse de los asuntos en que esté conociendo en el ejercicio de sus funciones.

¿Y al revés? ¿Los políticos que opinan sobre sentencias judiciales, y utilizan el famoso «lo acato pero no lo comparto»? ¿Es sano ese debate?
Ellos no se censuran nunca, y hace mucho más daño al Estado de Derecho una crítica mordaz, e incluso una desobediencia como estamos viviendo ahora en Cataluña a una resolución judicial, que lo contrario.

¿A qué desobediencia se refiere?
Al Gobierno catalán, en relación con las sentencias del TSJ que le exigen y le ordenan que se aplique la normalización lingüística en relación con el castellano en las escuelas. Por ejemplo.

¿Entramos en riesgo de un bucle infinito de críticas de unos poderes a otros?
El debate puede existir, otra cosa es que se traspasen los límites y se ataquen frontalmente las instituciones. Eso es insano. Pero la libertad de expresión, donde alguien vierta sus opiniones en relación al cualquier tema, no tiene por qué ser malo para la convivencia.

Una desobediencia como estamos viendo en Cataluña hace mucho daño al Estado de Derecho»

Usted mismo en la memoria 2021 del TSJ hizo referencia al pretendido refuerzo del programa "Educar en Justicia", dirigido a los escolares. ¿Debería ampliarse ese programa para los adultos?
Verdaderamente nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante desde hace años en la difusión, porque solo se ama aquello que se conoce, y la administración de Justicia ha sido una gran desconocida hasta hace veintitantos años. Todos los esfuerzos en darnos a conocer entre jóvenes o entre adultos es bueno, y todos los ciudadanos que han tenido una experiencia cercana con la administración de Justicia la valoran más positivamente que quienes no la han tenido. Y eso que el 50% de nuestra 'clientela' sale descontenta del resultado de un litigio.

Quizás antaño, cuando no era tan transparente, la Justicia como también la institución de la Corona generaban una especie de impresión de sacralización. Ahora ya no queda nada sagrado.
Somos un país de contrastes. La Ley del Péndulo se ha trasladado a todo. De esa sacralización del poder judicial hemos caído casi en una vulgarización en la que cualquier persona puede criticar de forma absolutamente incluso ineducada no solo a la Justicia sino a los jueces desde el punto de vista personal. No son buenos los extremos, y como en todo habría que buscar una postura moderada, centrada y por tanto no caer en esas descalificaciones absolutas que estamos viendo en relación a la Justicia o a la Corona, que son instituciones básicas del Estado. A mí me encantarían que los ciudadanos no insultaran, sino que criticaran con educación y un espíritu constructivo lo que, según ellos, no funciona del sistema judicial, porque eso constituiría un diagnóstico importante para poder solucionarlo,

¿Pero se puede criticar una sentencia del Supremo, o simplemente hay que acatarla?
Hay que acatarla por principios. La crítica en términos de la educación no es mala, pero una sentencia firme lo que procede es cumplirla. Si empezamos a incumplir sistemáticamente las resoluciones judiciales el Estado de Derecho se va a pique.

En su día usted cuestionó la aplicación del Estado de Alarma para la gestión de la pandemia. Finalmente una sentencia le dio la razón, pero en este tiempo tampoco se ha preparado para otra situación así este país. ¿No hemos aprendido?
Yo como ciudadano le diría que las medidas que se han adoptado son escasas y que tenemos los mismos instrumentos que hace dos años. Esta pregunta debería hacérsela a quien tiene la responsabilidad. En cuanto a las críticas pasadas, sé que mis declaraciones muchas veces generan cierto revuelo pero el tiempo me viene a dar la razón y el Tribunal Constitucional ha dicho lo que yo apunté hace un año y medio.