Alrededor de la Ley de Amnistía todo ha sido un engaño. Un retorcimiento de la legalidad vigente para que Pedro Sánchez siga en el poder. El argumento según el cual esta ley va a normalizar la situación política en Cataluña no supera el mínimo análisis.
Basta con escuchar a los dirigentes separatistas. A Miriam Nogueras le ha faltado tiempo para dejar en ridículo al ministro de Justicia proclamando en voz alta que esto no es más que un paso porque el objetivo sigue siendo la creación de un Estado independiente.
"Nunca abandonaremos el objetivo", añadía Jordi Turull, secretario general de Junts, recordando que la ley ha sido el pago a los siete votos de los diputados de este grupo que permitieron la investidura de Sánchez. "Para nada la Ley de Amnistía es un punto y final, es un punto de partida para empezar la segunda fase de negociación del conflicto" -remataba Teresa Jordá, portavoz de ERC."Ahora -sentenciaba Puigdemont- toca el derecho de autodeterminación".
En los comicios del 23 J el PSOE no llevaba la amnistía en el programa electoral. Todo lo contrario. A la vista de lo que ha ocurrido puede parecer un sarcasmo, pero fue el propio Sánchez quien se comprometió a "traer a Puigdemont" para ser juzgado en España. Suena a doblez, como casi todo lo que toca Sánchez.
En lo que han aprobado, sin modificar el Código Penal, desaparece la definición actual de los delitos malversación y terrorismo estableciendo que existe un terrorismo "respetuoso con los derechos humanos". Todo un logro en materia de ingeniería jurídica creativa.
Y un escándalo político que empezó recurriendo a la vía de la proposición de ley para evitar el control del Consejo de Estado y siguió hurtando su elaboración en el ámbito del Congreso para dejar el redactado final en manos de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, el prófugo al que la ley que otorgará la impunidad. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una sobreactuación que rozaba la parodia proclamó que la nueva ley marcaba un hito histórico. Omitió precisar que en efecto será un hito histórico, pero en el obsceno registro de los fraudes de ley.