El sacerdote A.G.M., de 49 años, que está a la espera de resolución de la acusación de tres delitos de agresión sexual y uno de acoso contra una ribereña, ha sido condenado a pagar una multa de 3.600 euros por un proceso paralelo a este. Su víctima le denunció por quebrantar la orden de alejamiento, entre septiembre de 2019 y julio de 2020, por acosarla y por obstrucción a la justicia, aunque de estas dos acusaciones sale absuelto. 

Según declaró esta ribereña en su denuncia, y reiteró en sede judicial, en el transcurso de esos 10 meses el sacerdote la llamó en numerosas ocasiones «a su teléfono particular y a su lugar de trabajo, desde un número oculto». Algunas llamadas llegó a contestarlas para colgar al reconocer su voz al otro lado del aparato, aunque «en alguna de esas llamadas, él le decía a ella que se retractara de la denuncia que había presentado contra él».

En el juicio se presentaron varios testigos que confirmaron que esas llamadas se habían realizado. Una compañera de trabajo de la víctima le atendió en varias ocasiones asegurando que «siempre era la misma voz» y que «se interesaba por saber cuándo trabajaba y a qué hora iba a salir». 

Estas comunicaciones suponen, según la sentencia que las considera hechos probados, un quebrantamiento de la medida cautelar que dictó el Juzgado de Instrucción número 1 de Aranda de Duero el 1 de agosto de 2019, por la que se le prohibe acercarse a la denunciante, su domicilio y su trabajo a menos de un kilómetro y comunicarse con ella por cualquier medio (...).

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