Aunque el Gobierno de coalición del PP y Vox ha tenido diez meses para solucionar sus diferencias sobre la futura ordenanza que regulará la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), el tiempo perdido al inicio del mandato, por dudas e indecisiones de todo tipo, ha llevado a no tener los deberes hechos hasta el último momento. Los propios cálculos del Ejecutivo municipal fijan para este lunes la fecha tope para aprobar en el pleno la ordenanza de manera inicial y eso ha obligado a convocar, de prisa y corriendo, dos consejos extraordinarios del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (Smyt) y un Pleno, también extraordinario, que le costará a las arcas municipales 9.699 euros en dietas por asistencia de los concejales.

Es cierto que en la sesión de este lunes se abordarán dos asuntos de especial relevancia para la ciudad  ya que además de la regulación de la Zona de Bajas Emisiones se aprobará también la modificación de la ordenanza fiscal que permitirá que los autobuses sean gratuitos para los mayores de 65 años, independientemente de su nivel de renta. Eso sí, también es cierto que si el PP y Vox se hubieran puesto antes de acuerdo, la normativa del también llamado Burgos Central podía haberse sometido a votación en el Pleno ordinario que se celebró el pasado 19 de abril. Esos diez días de diferencia la costarán a la ciudad 7.125 euros. Dicho de otra manera, los 375 euros que percibirán como indemnización  cada uno de los 19 concejales que no gozan de dedicación exclusiva o parcial.

En cualquier caso, los más dolorosos son los 1.287 euros que habrá que pagar en dietas por un consejo de administración extraordinario del Smyt que se tuvo que suspender nada más iniciarse la reunión ya que no se había enviado la documentación a la oposición. Difícilmente podían votar sobre un texto que no se habían podido leer.

Esta situación obligó a convocar otro consejo extraordinario para el día siguiente (para ayer) en el que se abordó como único asunto del orden del día la Zona de Bajas Emisiones y se sometió a votación.Es decir, otros 1.287 euros (el presidente de la comisión percibe 221 por asistencia, el vicepresidente 184 y los vocales 147 cada uno).

A la vista de lo apurado de los plazos, no es descartable que la aprobación definitiva de la ordenanza de Burgos Central tenga que aprobarse en otro Pleno extraordinario y que la factura en dietas se eleve en otros 7.000 euros.

El equipo de Gobierno defiende que no le sobra ni un día ya que, a partir del lunes, le quedan ocho meses para poder resolver el otro problema que tiene encima de la mesa: tener instalados antes del 31 de diciembre las cámaras y los puntos de control de la Zona de Bajas Emisiones. Ese día finaliza la prórroga que ha concedido el Ministerio de Transportes al Ayuntamiento para poder conservar los fondos europeos asignados a este proyecto. Independientemente de que luego el Gobierno de Madrid analice si se han realizado cambios sustanciales respecto al proyecto inicial que sirvió para lograr la subvención.

El indeseado pleno de este lunes (el PP quería que este asunto se hubiera abordado en la sesión del día 19) servirá al menos para agilizar la gratuidad de los autobuses para los mayores de 65 años, que inicialmente se quiso que hubiera entrado en vigor el pasado 1 de enero.

Cabe recordar que el PSOE ha anunciado que llevará este asunto a los tribunales y se apoyará un informe de la Tesorería que duda de la constitucionalidad de la medida al no tener en cuenta las rentas.