La polémica suscitada por el giro de la tasa por la ocupación del dominio público a varios establecimientos comerciales por la colocación de elementos publicitarios o decorativos junto a sus negocios sigue generando confusión. Mientras la Inspección de Tributos remite recibos en los que se reclama el pago de hasta de cuatro anualidades, en el Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (Smyt), según detalla su concejal, José Antonio López, se está informando en contra de «todas» las solicitudes para poder sacar un cartel de un estabecimiento a la vía pública.

El artículo 12.8 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible deja meridianamente claro que «queda prohibida la colocación de todo tipo de elementos o materiales a pie de calle asociados a la promoción de establecimientos comerciales que supongan ocupación de la vía pública del Itinerario Peatonal Accesible (IPA) en las zonas y calles peatonales». 

En la misma línea van las resoluciones en las que se informa en contra de la colocación de estos elementos ya que se recuerda que el IPA, de 1,80 metros de anchura mínima y paralelo a fachada, «deberá mantenerse despejado de obstáculos en cumplimiento de la Orden TMA/851/2021 y la Ley de Accesibilidad y supresión de barreras».

Dicho de otra manera, un área del Ayuntamiento hace referencia a que dos ordenanzas (la de Movilidad y la de Publicidad mediante carteleras), una orden y una Ley prohiben la colocación de estos elementos y otra área municipal, la de Tributos, entiende que puede cobrar lo que varias normativas prohiben.

Dicho de otra manera, un local podría estar pagando la tasa y al mismo tiempo exponerse a que otra área municipal le requiera para su retirada e incluso pueda sancionarla.

La situación ha generado una cierta alarma entre el comercio, que ha solicitado la celebración de una reunión al Ayuntamiento con las áreas implicadas.