A finales del pasado mes de diciembre, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos condenó a E.M.R. a una pena de 19 años y medio de prisión como cómplice de varios delitos de explotación sexual, prostitución coactiva, agresión, abusos y amenazas contra varias chicas a las que obligaron a mantener relaciones con hombres en pisos de la capital. Al haber recurso de apelación, la sentencia no es firme. El Ministerio Fiscal interesó su entrada en prisión al entender que la elevada pena incrementaba el riesgo de fuga. Sin embargo, el juez ha desestimado esta petición y mantendrá su libertad provisional.

La propia E.M.R. compareció el pasado 31 de enero ante la sala penal de la Audiencia en la vistilla celebrada para exponer la mencionada petición de prisión en amparo al artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Fiscalía entendía que existía riesgo de fuga dada la pena de 19 años y medio de prisión decretada en el fallo. Pero según explica el magistrado ponente en el auto desestimatorio, la ahora condenada permaneció en situación de libertad provisional durante el tiempo que duró la instrucción de la causa, que fue de ocho años, sin que en ese tiempo se diese a la fuga u ocultase.

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