El uno de abril expira la prórroga concedida a 336 comunidades de propietarios, concretamente a aquellas cuyos edificios fueron construidos antes de 1892, para que presenten la Inspección Técnica de Construcción (ITC) en dependencias municipales, dando así cumplimiento a la ordenanza municipal que reglamenta la legislación vigente en materia de mantenimiento de edificios en los ámbitos nacional y regional.
Sin embargo, y a diez días de que expire el plazo, más de la mitad fines de semana o festivos, únicamente se han abierto 109 expedientes en el área de Licencias relacionados con el cumplimiento de esta normativa. Son menos de un tercio. Y aún así el balance que hace la concejala de Licencias y Vivienda, Dolores Calleja, es «positivo».
Aunque puedan parecer paradójicas, las palabras de la concejala tienen un porqué. No es que a Calleja le haya dado un arrebato de optimismo, sino que, advierte, «son los primeros que se enfrentan a un procedimiento novedoso que, además, lleva un proceso de información previa, encargo de los trabajos y entrega y revisión de la documentación para que los técnicos municipales las ratifiquen».
Pero la indulgente valoración de la responsable política de las ITC no implica olvido. Una cosa es entender que la novedad lastra y que los tiempos son muy ajustados para los primeros (que en realidad deberían haber pasado la Inspección en 2012 pero han quedado bajo la cobertura de la prórroga por el retraso en la aprobación de la ordenanza), y otra eximir de cumplir a los dos tercios de las comunidades llamadas a capítulo.
«Los que no la presenten antes del uno de abril serán requeridos para hacerlo con unos plazos bien marcados y, en el caso de que no los cumplan, habrá advertencia de sanción», amplía Calleja, que evita ir más allá pero saben, mejor que nadie, que el siguiente paso será sancionar.
No sirven las reformas
Lo que sí se han encontrado en Licencias es que hay comunidades que alegan haber ejecutado reformas en sus edificios para considerar que están liberados de tener que pasar la Inspección. Sin embargo, prosigue la concejala, «no es un argumento válido porque se pueden haber reformado algunas partes de los edificios, pero se trata de hacer una evaluación completa de todos los elementos». Por ese motivo se está contestando a estas comunidades que deben cumplir igualmente.
Sí parten con una ventaja en el caso de que los inmuebles señalados hayan sido objeto de mejoras, pero no va más allá de que las probabilidades de que los técnicos que ejecuten la inspección no encuentren deficiencias a acotar sean mayores y que, por tanto, los costes no vayan más allá de los de pagar al técnico que se encargue del trabajo.
Pero si en abril expira el plazo para 336 comunidades, el uno de enero de 2014 deberán ser otras 1.240 las que pasen revista a su estado de conservación. En esta ocasión serán todas las construidas entre 1892 y 1910. Y así ocurrirá cada año por tramos hasta que todo el parque inmobiliario de la ciudad que tenga más de 40 años esté en perfecto estado de mantenimiento. El objetivo obvio no es otro que el de evitar accidentes graves, en los cuales además el Ayuntamiento podría llegar a tener responsabilidad si no exigiera el cumplimiento de la ordenanza.
De los 1.240 edificios que tienen que ser revisados a lo largo de este año únicamente hay nueve que ya han abierto el pertinente expediente en dependencias municipales, según los datos recogidos en Licencias a día de ayer.