La ciberdelincuencia es una amenaza real que no deja de crecer desde la pandemia y ello obliga a particulares, empresas e instituciones públicas a extremar las precauciones para abortar los planes de los piratas informáticos.

El reciente caso del Ayuntamiento de Sevilla pone de manifiesto que nadie está libre de ser objetivo de este tipo de delincuencia. La administración municipal hispalense inició el pasado miércoles el restablecimiento gradual de los servicios informáticos después de una semana de cuarentena forzada por una actuación que obligó a apagar 4.000 ordenadores y que comenzó en una computadora de la Policía Local. Los delincuentes solicitaron un millón de euros para rescatar el sistema, pero el Ayuntamiento de Sevilla descartó que estuvieran en peligro los datos de los ciudadanos y recuperará la normalidad en los próximos días.

Este es el último caso -y uno de los más destacados- de una lista interminable de ataques en todo el mundo a lo largo de los últimos años y el Ayuntamiento de Burgos ha seguido de cerca el desarrollo de los recientes acontecimientos. Toda información es relevante por lo que pueda ocurrir, máxime en este momento en el que la administración local se encuentra en pleno proceso de digitalización de sus servicios.

Por ello, se asume que toda precaución es poca. «La administración manual ya es pasado y ahora hay ciertos ataques que pueden llegar de forma silenciosa», asume César Barriada, concejal de Modernización Administrativa y Digitalización.

El edil asume que en pleno 2023 no queda otra que apostar por un sistema que ofrezca «una mayor eficiencia y una mejor atención al ciudadano». La administración digital ha llegado para quedarse y ello obliga a «prestar atención a la seguridad y tratar de la mejor manera las herramientas que están al alcance».

El Ayuntamiento de Burgos recibió el pasado año 656.292 euros de subvenciones incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estos fondos europeos se destinaron al refuerzo de las infraestructuras digitales y a la ciberseguridad, un apoyo valioso que, sin embargo, exige una actualización constante. «Es un proceso continuo», asume Barriada. «Uno tiene tanta seguridad como puede comprar o implementar y se trata de proteger al máximo los servicios que ofreces», explica.

Barriada recuerda que, sin temor a equivocarse, el Ayuntamiento de Sevilla puso todos los medios a su alcance para evitar un ataque que, finalmente, llegó. «¿Estas cosas ocurren? Claro», resume, con todas las reservas para tratar un asunto delicado para la sociedad. «Hablar mucho de estos temas solo puede crear miedo e inseguridad en los ciudadanos que no estén familiarizados con este tipo de cuestiones», recuerda.

Este mundo globalizado asume que los ataques «se producen de forma constante y no van a dejar ocurrir». Por ello, todos los estamentos implicados trabajan para ofrecer las mayores garantías posibles ante una amenaza que puede llegar en cualquier momento.

Mientras se plantea nuevas inversiones para mejorar su protección, el Ayuntamiento de Burgos avanza en una digitalización que aún no está implantada al cien por cien.«Seguimos con ello», resume Barriada. «Cuando una empresa incorpora una nueva herramienta tecnológica requiere un tiempo para su implantación y su puesta en marcha», aclara. «Hay que conocer los detalles y tanto los trabajadores del Ayuntamiento como los ciudadanos tienen que familiarizarse con ella», añade. 

De momento, los nuevos expedientes digitales conviven con los antiguos, que se han volcado ya a la plataforma. Son los primeros pasos de una nueva forma de trabajar que estará totalmente implantada en el día «a lo largo del mandato».

Grupos políticos, abogados, empresas...
La constante actividad de los 'hackers' llega a todos los estamentos de la sociedad y son numerosos los casos registrados en los últimos años en territorio burgalés.

La Agrupación Municipal del PSOE sufrió dos ciberataques en 2018 que obligaron al partido a estrenar un nuevo sitio web con mayores medidas de seguridad.

En 2020, los piratas secuestraron el contenido de la modesta emisora Anda Onda Lerma y en 2021 el ciberataque al SEPE colapsó las oficinas del paro porque compartían programas con el servicio estatal. El pasado año tanto la Policía Nacional como el Incibe detectaron un incremento de los virus que roban información sensible de las empresas y en abril se desató las alarmas entre los abogados de Burgos al sufrir un intento de robo de datos de los despachos para extorsionarlos.