La reacción de los sindicatos a las críticas del decano del Colegio de Abogados a los funcionarios de la Administración de Justicia no se han hecho esperar. Las palabras de Guillermo Plaza sentaron como un tiro a los representantes de los empleados públicos y ayer mismo lanzaron un comunicado -de las centrales STAJ, CSIF y CCOO- en el que le acusan de «no pisar las sedes judiciales de la provincia», pues si no sabría que «la configuración de espacios en muchas oficinas hace imposible cumplir con la distancia mínima de seguridad de dos metros entre los trabajadores cuando está toda la plantilla». 

El dirigente de los letrados burgaleses reprochó en este periódico a los empleados públicos su «deslealtad y falta de compromiso» por no acudir a trabajar y contribuir con ello al colapso de la Justicia. En este sentido los sindicatos le afean que «salvara de la quema a jueces, fiscales y letrados de la Administración, haciendo gala de un comportamiento elitista y cobarde». Y le recriminan que cargara contra el «eslabón más débil de la cadena», el de los funcionarios. 

Los sindicatos advierten de que desde que se decretó el estado de alarma «los funcionarios de justicia no han dejado de trabajar en ningún momento en todos y cada uno de los órganos judiciales de la provincia y los juzgados de paz, además sin disponer de las medidas de protección adecuadas y suficientes». Recuerdan, asimismo, que el número de trabajadores lo ha marcado en todo momento el Ministerio y lo ha ido aumentado en función de su plan de desescalada que. El resto del personal «ha estado en todo momento en situación de disponibilidad para atender las necesidades derivadas de los servicios esenciales», agregan.

Asimismo, explican que en Burgos, como en toda Castilla y León, aun estando en fase sanitaria 0, en los órganos judiciales se está aplicando la fase 1 de desescalada fijada por el Ministerio de Justicia, con una dotación de personal de media del 35%, que alcanza incluso el 50% en varios órganos, y que lleva vigente desde el pasado 12 de mayo, circunstancia ésta que el decano «parece desconocer».

El decano de los abogados -aseguran las centrales- «falta a la verdad» cuando dice que la mayoría de los funcionarios permanecen en sus casas sin hacer nada, cuando además de los trabajadores presentes en las sedes judiciales hay un alto porcentaje de funcionarios realizando su trabajo en su casa mediante teletrabajo, habiéndose completado el cupo de voluntarios fijados por el Ministerio, contando incluso con lista de espera, y todo ello teniendo que utilizar sus equipos y medios personales».

La causa del atasco judicial que se presenta, afirman «no es desde luego por la falta de compromiso de los funcionarios de justicia, sino la paralización de los plazos procesales decretada por el Consejo General del Poder Judicial junto con el Ministerio de Justicia y motivada por la peor amenaza a la salud de nuestra sociedad que hemos conocido en muchos años», continúan. Los funcionarios cargan contra Plaza porque él sabe que los problemas de la Justicia obedecen al «desdén» de los sucesivos gobiernos de España, que no han querido destinar la inversión necesaria para su modernización.

Manifiestan, además, que los funcionarios van a poner todo el empeño para revertir la situación, pero los representantes sindicales van a seguir velando por las condiciones laborales y sanitarias.