Una avalancha de municipios burgaleses han pasado en el último año a la Jefatura Provincial de Tráfico la competencia sancionadora de aquellas infracciones que se cometan en las vías urbanas, que incluyen la circulación de vehículos a motor y todo lo relacionado con la seguridad vial. La mayoría de los alcaldes coinciden en que se trata de un problema que ellos tengan que encargarse de firmar las sanciones y que tampoco se puede soportar más carga administrativa.

Hasta 92 pueblos ya han cedido esta competencia a tráfico y 61 de ellos lo realizaron durante 2024. A principios de 2023 apenas había ocho municipios en este listado, pero ahora parece que la tendencia ha cambiado y de ahí que cada vez resulte más habitual. El Alfoz de Quintanadueñas, Santa María del Campo, Sotillo de la Ribera, Estépar, Hontanas, Cardeñadijo, Orbaneja Riopico y Cardeñuela Riopico fueron los primeros en sumarse, pero desde entonces no han parado de crecer las solicitudes.

Entre los pueblos hay unos cuantos de gran tamaño, con más de 1.000 habitantes, como Villagonzalo Pedernales, Arcos de la Llana, Quintanar de la Sierra o Espinosa de los Monteros. Pero lo cierto es que también forman parte de este listado bastantes pedanías, como por ejemplo Almiñé, Condado, Arroyo de Valdivielso, Panizares, Población de Valdivielso, Puente-Arenas, Quecedo, Quintana de Valdivielso, Tartalés de los Montes, Valdenoceda o Valhermosa -todas ellas de Merindad de Valdivielso-.

«No soy el indicado para que todo recaiga sobre mí. No tenemos medios y supone una competencia más que significaría tener más recursos», comienza explicando Diego Rodríguez, alcalde de Rabé de las Calzadas.

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