El equipo de Gobierno municipal, integrado por el PP y Vox, está preocupado por la situación de deterioro que presentan algunos inmuebles en estado de ruina y abandonados por sus propietarios durante años, fundamentalmente por la crisis del ladrillo, o por concursos de acreedores. No solo suponen un problema de seguridad sino un peligro para quienes en algunos casos los okupan. 

Aunque en el caso de la antigua fábrica de lejías El Cid, en el barrio del Crucero, la primera idea era llevar a cabo una ejecución subsidiaria para derribar uno de los tres edificios que conforman el complejo que está en ruina se ha dado marcha atrás al estar inmerso en un concurso de acreedores y judicializado. Al menos esa es la respuesta que dada por el concejal de Urbanismo, Manuel Manso, a la concejala del PSOE, Dolores Ovejero, cuando se interesó por la situación del edificio en el seno de la Comisión de Licencias. 

Según aseguró el concejal, hace unas semanas visitó el inmueble junto a la alcaldesa, Cristina Ayala, aprovechando un recorrido por el barrio del Crucero para conocer las necesidades del mismo junto al tejido asociativo. «Es cierto que el edificio está mal y hay mucha basura, pero al estar judicializado es más prudente no intervenir». 

Por su parte, la socialista Dolores Ovejero es partidaria de que el Ayuntamiento proceda al derribo del edificio que los técnicos municipales declararon en ruina y luego intente cobrar la factura. «Los tejados se han hundido y en el interior se acumula mucha basura. Además, es una reivindicación del barrio de hace dos décadas». 

Fue en junio de 2022 cuando se vino abajo parte del tejado de uno de los tres bloques que conforman el complejo, pero poco se ha ido cayendo más. El equipo de Gobierno anterior (PSOE y Ciudadanos) inició un expediente para la declaración de ruina inminente, pero los técnicos concluyeron que no podía aplicarse a todo el complejo sino solo al inmueble que se ha quedado sin tejado. Sin embargo, no se llevó a cabo ninguna de las acciones que se barajaron en ese momento: proceder a la clausura y vallado del edificio o a su derribo de manera subsidiaria y girar el coste a los propietarios.

Este último extremo se antoja complicado debido a que desde el año 2008 el Ayuntamiento lleva requiriendo a los propietarios (en su día Construcciones Dinco que luego entró en concurso) que limpiara y cerrara la fábrica, pero hicieron caso omiso. Ya desde esta fecha fue okupado el edificio. Ocho años después se exigió el arreglo del tejado al desplomarse parte de él, pero no hubo movimiento alguno. La Agencia Tributaria sacó el inmueble a subasta en 2020 por los impagos de los dueños, pero quedó desierta.