La Comunidad de Castilla y León cerró 2024 con una deuda de 14.239 millones de euros, de acuerdo con los datos del Banco de España publicados hoy, con incremento de un 2,7 por ciento respecto al final de 2023, con 374 millones de euros más. Los datos difundidos hoy por el Banco de España revelan, no obstante, que esa cifra equivale al 18,9 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 19,6 por ciento del cierre del año pasado. Fuentes del Ejecutivo autonómico destacaron que ese porcentaje "supone el menor nivel de endeudamiento en relación al PIB desde 2014, y un descenso de casi cinco puntos porcentuales en los últimos cuatro años". Además, esta ratio se mantiene por debajo de la media autonómica, que se sitúa en el 21,1 por ciento, siendo inferior en 2,2 puntos porcentuales.
Castilla y León es la décima autonomía con menores niveles de deuda en relación al PIB, por detrás de Navarra (10,3 por ciento); Canarias (11,4 por ciento);Pías Vasco (11,6 por ciento); Madrid (12 por ciento); Asturias (13,5 por ciento); La Rioja y Galicia (14,5 por ciento, en ambos casos); Cantabria (18,1 por ciento) y Baleares (18,8 por ciento), informa Ical.
La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es reducida, de acuerdo con los datos facilitados esta mañana por el organismo regulador. En concreto, al finalizar el año 2024 suponía el 4,24 por ciento del total de las comunidades, contabilizado en 335.977 millones de euros.
Fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta destacaron que "la adecuada gestión presupuestaria y financiera ha permitido controlar su nivel de deuda sin menoscabo de la calidad de los servicios públicos esenciales que presta".
En el cálculo del volumen de deuda autonómica, el supervisor bancario incluye los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 214,3 millones de euros, así como el llamado 'factoring sin recurso' –créditos comerciales con la administración cedidos a entidades financieras–, que añade 10,8 millones de euros, y también el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada por 235,4 millones de euros.
El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas), atendiendo a los prestamistas, revela que al cierre de 2024, el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública, que representan el 20,7 por ciento, con 2.950 millones de euros. En segundo lugar, se encuentra el Fondo de Facilidad Financiera con 1.774,2 millones de euros –en concreto, el 12,5 por ciento- correspondiente a préstamos concertados en los años 2015 y 2020.
Como prestamistas relevantes figuran también las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.590,9 millones de euros, un 11,2 por ciento de la deuda de la Comunidad.
Por otro lado, el 96,6 por ciento del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración General, frente al 3,4 por ciento de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.
Respecto a los plazos de vencimiento, el 99,4 por ciento de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo frente al 0,6 por ciento firmada a corto, lo que "minimiza los riesgos de refinanciación", indicaron desde el departamento que dirige Carlos Fernández Carriedo. Asimismo, el 71,1 por ciento está concertado a tipo de interés fijo y el 28,9 por ciento a variable, un reparto que permite mitigar el efecto de subidas del Euribor, y está en su totalidad suscrita en euros.
Este "moderado" nivel de endeudamiento, explicaron las mismas fuentes, es uno de los factores que la agencia Moody's valoró favorablemente en su decisión de mejorar el perfil financiero de la Comunidad, elevando el rating Baa1 a perspectiva positiva, ratificando de este modo la misma calificación que el Reino de España. Además, señalaron que tuvieron también en cuenta "la buena gestión presupuestaria y financiera, los déficits contenidos y la buena accesibilidad de Castilla y León al mercado de deuda".
Finalmente, cabe señalar que el Banco de España, además, contabiliza en 4.344 millones de euros la deuda de aquellas empresas públicas autonómicas que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional.