La memoria de la sangre es espesa como la melaza: un terror de décadas da para mucho. Y nadie salió indemne de tanto horror. Si el primer volumen de Historia y Memoria del Terrorismo en el País Vasco (que analiza el periodo comprendido entre 1968 y 1981) un total de ocho burgaleses fueron asesinados en Euskadi por la banda terrorista ETA, el segundo volumen, que aborda los hechos acontecidos entre 1982 y 1993, deja un saldo similar: siete víctimas mortales burgalesas. Este monumental proyecto, coordinado por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y editado por la editorial Confluencias, constituye el más riguroso estudio de uno de los periodos más oscuros de la reciente historia de España. Este segundo tomo aborda varios frentes en el periodo de asentamiento de la democracia: desde las víctimas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se pusieron en el punto de mira de los etarras, hasta el padecimiento del colectivo empresarial ante el acoso de ETA pasando por los asesinatos en masa fuera del País Vasco, la lucha sucia del GAL y el paso de la indiferencia a la repulsa y la movilización ciudadana.

Respecto del acoso al colectivo empresarial, un burgalés se erigió en ejemplo flagrante de las amenazas y del tristemente famoso impuesto revolucionario. Se llamaba Arturo Quintanilla Salas, y era un hostelero de 44 años, casado y con tres hijos, propietario del bar Joxe Mari, ubicado en una céntrica zona de la localidad guipuzcoana de Hernani. "Las amenazas no fueron una simple figura retórica. Los ataques a las personas que no había accedido a satisfacer las demandas económicas de la organización terrorista así lo evidenciaban. ETA se alimentaba del miedo que infundía, consciente de que a mayor socialización del terror mayor era la recaudación obtenida", escribe Eri Zubiaga en uno de los capítulos de este volumen, que dedica un amplio espacio al asesinato del hostelero burgalés. Arturo Quintanilla "fue asesinado a tiros por un comando de ETAm que le esperaba en un coche cuando acababa de montar en su vehículo acompañado de su mujer y de su hija mayor de quince años tras abandonar uno de sus establecimientos a última hora del 6 de septiembre de 1983. Recibió dos impactos de bala en el corazón y otro en el abdomen que le provocaron la muerte".

Recoge el libro unas declaraciones que hiciera en los días siguientes esa hija que lo acompañaba, Jasone, que evocaba así el instante fatídico: Mi padre estaba arrancando cuando se acercó un coche oscuro, de color azul o negro; al colocarse a nuestro lado, el que estaba sentado junto al conductor bajó el cristal de la ventanilla, asomó la cabeza y el brazo y empezó a dispararnos a poquísima distancia, ya que la calle es muy estrecha y apenas caben dos coches. Con el primer disparo mi padre cayó reclinado a un costado, y mi madre y yo sentimos en la cara cómo nos rozaban las balas; pudieron habernos matado a los tres. El que disparaba vestía cazadora oscura, gafas negras y llevaba el pelo corto. La familia del burgalés admitió que éste estaba siendo extorsionado por ETA, que el parecer le había exigido el pago de diez millones de pesetas en concepto de 'impuesto revolucionario', algo que, según la familia, trató de hacer cruzando a Francia, pero sin éxito, lo que acabaría costándole la vida.

Así lo relataba la hija: Mi padre estaba dispuesto a entregar los diez millones de pesetas que le exigieron hace ya tiempo, pero no pudo hacer efectivo el pago porque ningún representante de ETA acudió a las citas que ellos mismos habían convocado [...] Sé que, después de la primera cita, mis padres estuvieron indagando y que al final alguien les dijo que permanecieran tranquilos y que esperaran una segunda cita, a la que tampoco se presentó nadie. "La familia desmintió las acusaciones difamatorias publicadas por ETA, que relacionaban a la víctima con la Policía y el negocio del tráfico de droga, al considerarlas 'totalmente infundadas'. El asesinato de Quintanilla no despertó reaciones multitudinarias de rechazo ni tampoco de solidaridad hacia sus seres queridos".

También en 1983, en junio, había muerto Eduardo Vadillo, jefe de ventas de un concesionario al que alcanzó un explosivo que iba destinado a un teniente coronel de la Guardia Civil. Sucedió en Durango, Vizcaya. Respecto del acoso y derribo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el guardia civil burgalés Antonio Torrón, de 55 años y con dos hijos, fue asesinado en julio de 1984, casi en la puerta de su casa, en Portugalete, de un disparo en la nuca. "El Ayuntamiento dirigido por el socialista Doroteo Pinedo emitió entonces un comunicado de repulsa y condena en el que constató que este tipo de actos constituían 'el mayor desprecio por la vida humana' porque tratabana de 'crear un clima de terror entre los ciudadanos'", recoge el volumen.

Ese mismo año de 1984, en el mes de diciembre, ETA asesinó al burgalés Luis Alberto Asensio Pereda, cocinero natural de Ahedo de Linares. Así se recoge el atentado en el libro: "ETA atentó contra un microbús que transportaba a varios mandos del regimiento número 45 de Garellano de Bilbao. El automóvil, escoltado por dos jeeps, atravesaba el cruce de El Gallo, en Galdácano, cuando ETA accionó un coche-bomba que previamente había estacionado en el arcén, causando más de una decena de heridos y cobrándose la vida del teniente de Infantería del Ejército Juan Enríquez Criado, el subteniente Francisco Javier Fernández Lajusticia y el civil Luis Alberto Asensio Pereda". Al año siguiente, 1985, el cabo de la Armada Rafael Melchor, de 26 años, fue ametrallado en el barrio donostiarra de Bidebieta. Sucedió el 25 de noviembre.

Salvaje atentado. De los asesinatos en masa perpetrados por la sanguinaria banda fuera del País Vasco, el ejecutado en la plaza de la República Dominicana de Madrid fue uno de los más salvajes. Allí perdió la vida el burgalés José Joaquín García, de 21 años y natural de Condado de Valdivielso. Así se narra el atentado en el libro: "El 14 de julio de 1986 tres vehículos de la Guardia Civil (un autobús, un minibús y un todoterreno ocupados por 73 personas, se dirigían a las afueras de Madrid, donde los alumnos de la Escuela de Tráfico de la Benemérita iban a realizar sus prácticas de conducción de motocicleta. Cuando el convoy pasó por la plaza de la República Dominicana, el miembro de ETA Antonio Troitiño accionó el mando del detonador e hizo explotar la carga de goma-dos que llevaba la furgoneta que había estacionado allí. Murieron 12 guardias civiles y otras 60 personas (la mayoría también agentes) quedaron heridas. A los alumnos les quedaban solamente un par de semanas para ser destinados como guardias civiles de tráfico. Los autores tenían un 'conocimiento total de que dicho enclave era zona de tránsito de vehículos particulares y peatones que acudían al trabajo en las primeras horas del día'". ETA califacaría posteriormente estos atentados como 'un golpe en el corazón del Estado español'.

En el periodo analizado en el libro se recuerda que el terrorismo de ETA amplió sus amenazas contra otros sectores de la sociedad, como los funcionarios de prisiones. Entre sus víctimas, otro burgalés. "El 22 de enero de 1993, la banda confirmó de forma sangrienta aquel señalamiento y acabó con la vida de José Ramón Domínguez Burillo, funcionario de prisiones que trabajaba como educador en la prisión de Martutene. Este atentado provocó una gran conmoción en los centros penitenciarios de todo el país, donde se produjeron paros que fueron secundados masivamente por los funcionarios de prisiones e incluso por numerosos presos. En la cárcel donostiarra varios miembros de la organización terrorista que en aquellos momentos se encontraban en vías de reinserción se sumaron a las protestas por el asesinato de José Ramón Domínguez Burillo. El atentado fue interpretado en diversos medios como un ataque directo de la banda contra la política impulsada por el Gobierno para facilitar la reinserción de los presos de ETA que renunciasen a la violencia".