La política local vive días decisivos para la formación del nuevo equipo de Gobierno que llevará los designios de Burgos capital los próximos cuatro años. Después de las elecciones del 28-M llega el momento de tomar decisiones y las fuerzas políticas implicadas en las diferentes estrategias manejan los tiempos antes de mostrar sus cartas antes del Pleno de investidura del 17 de junio.

El PSOE ha visto cómo sus intentos por gobernar en minoría como la lista más votada han caído en saco roto, y PP y Vox, tras apurar el margen con un ojo puesto en las directrices que llegaran en clave nacional para las generales del próximo 23 de julio, han cerrado un acuerdo para que Cristina Ayala sea la primera alcaldesa de la ciudad y Fernando Martínez-Acitores ejerza como vicealcalde. 

Esa apuesta por dilatar los tiempos contrasta con las prisas de las negociaciones protagonizadas tras las municipales de 1999.

Y es que por tercera vez consecutiva en la historia democrática moderna hay que hacer cuentas para formar gobierno de coalición. Si bien Javier Lacalle sacó adelante el gobierno en minoría del PP de 2015 a 2019, Burgos tiene dos precedentes en los que hubo un acuerdo formado por dos o más fuerzas. El tripartito entre PSOE, Tierra Comunera e Izquierda Unida en el mencionado 1999 y el posterior acuerdo entre PSOE y Ciudadanos ya iniciado el mandato que está a punto de finalizar son las referencias a tener en cuenta.

Todo ello, sin olvidar en consenso alcanzado en 1979. Entonces tampoco hubo mayoría absoluta, pero los cinco partidos representados remaron a favor para sacar adelante los asuntos fundamentales para el desarrollo de la ciudad. Mucho han cambiado las cosas desde entonces y la política de bloques marcará ahora el destino de la capital.

1999 | Del acuerdo exprés a la inestabilidad institucional

Las últimas elecciones municipales del siglo XX supusieron un antes y un después en la política local en todos los aspectos. Acostumbrada a las cómodas mayorías disfrutadas con José María Peña y Valentín Niño, el batacazo electoral protagonizado por el Partido Popular en 1999 dio paso a un escenario en el que las fuerzas políticas pujantes jugaron un papel fundamental.

Esta experiencia del Ayuntamiento de Burgos alejada del bipartidismo fue muy complicada y estuvo marcada por la inestabilidad. Así lo avanzó en el Pleno de investidura el gran derrotado de aquellos comicios, un Ángel Ariznavarreta que no vio nada claro el tripartito armado en dos semanas para formar gobierno.

El PP fue el partido más votado en las urnas, pero las cuentas no salían después de perder seis concejales por el camino. Se abrió así una posibilidad histórica para el PSOE de Ángel Olivares, a quien las matemáticas sonrieron para alcanzar la mágica cifra de los 14 ediles. Los socialistas sumaron nueve concejales en la convocatoria del 13 de junio y necesitaban un acuerdo con Izquierda Unida y Tierra Comunera para llegar a un acuerdo, mientras APBI se encontró en tierra de nadie con sus 10.000 votos y sus tres concejales electos.

Empezó así una carrera contra el reloj que pronto ofreció pistas muy claras favorables a la estrategia de Olivares. No hubo margen para las idas y venidas. De hecho, ni siquiera sus posibles socios se dejaron tentar. Todo sucedió demasiado rápido y en esta ocasión los famosos flecos de las negociaciones se resolvieron en un visto y no visto.

No en vano, Izquierda Unida necesitó 48 horas para llegar a un principio de acuerdo con el PSOE supeditado al visto bueno definitivo del consejo provincial y de la asamblea local del partido. Los aspirantes ya tenían dos apoyos fundamentales asegurados y los esfuerzos debían centrarse en llegar a un entendimiento con Tierra Comunera.

Luis Marcos, cabeza de lista de la formación castellanista, se mostró favorable a un pacto con el PSOE desde el primer minuto. Esa buena sintonía quedó patente desde el momento en el que comenzaron a hablar y solo los formalismos pospusieron durante una semana la foto con el apretón de manos.

Solo quedaba por conocer los detalles del futuro equipo de Gobierno, a pesar de que Marcos insistió en aquellos días de junio que el objetivo no era entrar en esas lides. Mientras tanto, Tierra Comunera inició una ronda de contactos con el resto de fuerzas con representación en la nueva Corporación y el Partido Popular jugó su baza en un intento por evitar lo inevitable.

El líder de los castellanistas aseguró en todo momento que no impedirían el nombramiento de Olivares como nuevo alcalde y miró hacia otro lado cuando el PP planteó la posibilidad de ofrecer a su partido la Alcaldía «si eso contribuyera a la estabilidad».

La jugada estaba cantada y solo era una cuestión de tachar hojas del calendario hasta alcanzar el 3 de julio, día del Pleno de investidura. Aunque Marcos subrayara que el acuerdo con el PSOE dependía de aspectos como «el nuevo talante del gobierno, la nueva cultura de colaboración entre las distintas fuerzas políticas» y otras cuestiones como la «potenciación de la identidad castellana», antes del acto oficial ya habían trascendido algunos puntos clave de las negociaciones.

En los últimos días se conoció la propuesta de que las concejalías de Cultura, Hacienda y Juventud estarían dirigidas por TC, que también asumiría la responsabilidad del Servicio de Aguas y del Servicio de Deportes.

Sellado el acuerdo definitivo con Izquierda Unida, el PSOE organizó una gran cena en Las Quemadas a la que asistió la entonces eurodiputada Rosa Díez. Era la celebración de un éxito histórico para la izquierda en Burgos, capaz de gobernar en el Ayuntamiento al cerrar los 14 apoyos necesarios en un Pleno en el que APBI se abstuvo para anunciar su intención de «vigilar» desde ese momento los pasos de Olivares. Así se gestó el tripartito de un mandato convulso. Tan solo un año duró el entendimiento antes de que TC se desmarcara y dejara al PSOE en una situación incómoda en minoría y prácticamente bloqueado. 

2020 | Un entendimiento sólido cocinado a fuego lento

Si el pacto de 1999 se gestó casi desde el mismo momento de la celebración de las elecciones municipales de aquel año, el último precedente de una gobernabilidad compartida en el Ayuntamiento de Burgos se fraguó de manera inesperada ya avanzado el mandato en minoría de Daniel de la Rosa.

Casi ninguno de los acontecimientos sucedidos desde el paso por las urnas del 26 de mayo de 2019 no entraban en los planes del mejor guionista de Hollywood. Durante año y medio nada fue lo que parecía y el camino hacia la estabilidad institucional estuvo marcado por los constantes vaivenes y cambios de postura.

Todo estaba dispuesto para que el bloque de centro-derecha llevara el bastón de mando a partir del Pleno de investidura del 15 de junio con un edil de Ciudadanos al frente, pero aquel acuerdo a tres bandas completado por PP y Vox saltó por los aires en el último momento y el PSOE recuperó el poder en la capital 20 años después de la experiencia de Ángel Olivares de una manera inesperada y sorprendente.

Los socialistas iniciaron la andadura en una posición desfavorable y el comienzo del mandato no se caracterizó, precisamente, por el sosiego. El ruido de sables se oía por los pasillos del número 1 de la Plaza Mayor y la posibilidad de una moción de censura no tardó en palparse en el ambiente. De hecho, PP, Vox y Cs fueron de la mano en los primeros pasos del ciclo político, pero el interés común de populares y liberales por conquistar el sillón de De la Rosa no tardó en dañar esa entente estratégica.

El PSOE siempre mantuvo el equilibrio y, además, jugó sus bazas con calma para arrimar el ascua a su sardina. El partido más votado en aquellas elecciones municipales vio con buenos ojos la idea de hacer de Ciudadanos su socio preferente a pesar de las diferencias ideológicas entre ambos. De la Rosa sabía que era su única salida natural para garantizar un mínimo de estabilidad a su mandato, pero el asunto era cómo seducir a quien lo que quería, realmente, era ocupar la Alcaldía.

Todo cambió a partir de otoño de 2019, cuando los socialistas abrieron la mano a la formación liderada por Vicente Marañón para que participara en la redacción de la ordenanza de Movilidad. Aquella maniobra sirvió para romper el hielo y, una vez los liberales llegaron a un entendimiento interno para definir los pasos a seguir a partir de ese momento, la negociación el Presupuesto del año 2020 fue el paso clave para la futura formación de un gobierno de coalición.

Aquel gran pacto firmado en el mes de febrero permitió a De la Rosa proclamar a los cuatro vientos su intención de «avanzar en una mayor confluencia entre las dos formaciones y, por qué no decirlo, abrir la puerta a Ciudadanos para que, cuando así lo considere, forme parte del Gobierno municipal».

Vicente Marañón, cabeza visible de la formación naranja, no entró al trapo al escuchar esa invitación pública y manejó los tiempos de puertas para afuera. Después, la pandemia condicionó la hoja de ruta y ralentizó unos movimientos que ya eran imparables con el visto bueno de la dirección del partido liberal tanto en Valladolid como en Madrid.

Cs se decidió a entrar de lleno en las negociaciones y fue ambicioso al exigir puestos como la portavocía y otras responsabilidades en servicios como Aguas, Fomento o Seguridad Ciudadana. El acuerdo tomó forma y Nuria Barrio, número 2 del PSOE, fue la gran sacrificada de un nuevo equipo de Gobierno que dio la bienvenida a los naranjas Rosario Pérez Pardo (Cultura), Julio Rodríguez-Vigil (Obras, Licencias y Vías Públicas), Rosa Niño (Comercio) y Miguel Balbás (Aguas y Modernización Administrativa, aunque posteriormente asumió las competencias de Rodríguez-Vigil tras su abrupta salida del equipo de Gobierno). 

La segunda mitad del mandato sí encontró estabilidad y el buen entendimiento marcó el paso del bipartito hasta llegar a la línea de meta el próximo fin de semana.