Los números no mienten. Es más, son un fiel reflejo del panorama actual y de las perspectivas que se abren a futuro. Burgos encadena desde el 2018 los seis años más mezquinos en materia inversora por parte del Estado desde el cambio de siglo. Es verdad que los 135 millones de euros que ha proyectado el Gobierno de cara al curso 2023 son un 26% superiores a los de 2022, pero también hay que tener en cuenta que suceden a la menor consignación estatal a la provincia de los últimos tiempos.
Lejos, muy lejos, quedan presupuestos con partidas que se elevaban por encima de los 200 millones. Ni que decir tiene que a día de hoy son completamente impensables montantes como los 403 millones que se proyectaron -que otra cosa es ejecutar- para el 2015, en plena construcción del AVE desde Venta de Baños, cierre de la ronda de Burgos o avances en la A-73 o en la A-11. La deriva que ha tomado la provincia en el último lustro es alarmante y aboca, si nadie lo remedia desde Madrid, a dar prácticamente por amortizada la década en materia de consecución de infraestructuras.
El Gobierno parece conformarse con cumplir con asuntos ineludibles como los son el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, una nueva factura del 'peaje a la sombra' que supuso la remodelación de la A-1 entre Santo Tomé del Puerto (Segovia) y Burgos o la conservación de las carreteras.Esas tres partidas comprometen en el Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2023 hasta 74 de los 135 millones que irán a parar finalmente a la provincia.
En cambio, las ansiadas partidas que piden a gritos dotaciones como las autovías a Aguilar de Campoo o Logroño, el AVE a Vitoria o el tercer carril de la AP-1 han brillado por su insuficiencia. Y no es la primera vez.Esta -falta- de previsión por parte delEjecutivo se traduce en que es casi imposible, a no ser que se dé un vuelco radical y altamente improbable de cara a 2024, que ni tan siquiera una de esas históricas reivindicaciones sean una realidad antes de la próxima década.
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