Niegan 1,8 millones en ayudas para prejubilaciones de Garoña

A.C. / Garoña
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La Justicia zanja que el cierre de la central no llevaba a estos trabajadores a una situación de urgencia económica o sociolaboral y que la empresa podía afrontar los pagos pactados con los sindicatos

Imagen de archivo de trabajadores de la central nuclear de Garoña cuando funcionaba a pleno rendimiento. - Foto: Luis López Araico

Las 35 prejubilaciones pactadas entre Nuclenor y los sindicatos tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que se tramitó tras la clausura definitiva de Garoña en agosto de 2017, siguen de actualidad tras una sentencia de la Sala de lo Contencioso de Audiencia Nacional. Los magistrados rechazan ahora un recurso de la antigua propietaria de la nuclear contra el Ministerio de Trabajo y respaldan la decisión de la Administración que en 2019 le denegó la concesión de 1,8 millones de euros en ayudas «extraordinarias» destinadas a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.

Al poco del cierre, en octubre de 2017 se resolvió el ERE y en diciembre de ese año Nuclenor y los representantes sindicales solicitaron ante el entonces Ministerio de Empleo las ayudas previas a la jubilación ordinaria en el  sistema de la Seguridad Social. Pero, dado que el plazo para solicitarlas era de 15 días siguientes a la comunicación a la autoridad laboral del acuerdo alcanzado, un informe de la Abogacia del Estado consideraba que la solicitud estaba «fuera de plazo».

Tras ello, Nuclenor optó por pedir en enero de 2018 unas «ayudas extraordinarias» también destinadas a los 35 trabajadores prejubilados. Pero el Ministerio se las denegó en 2019 con el argumento de que, «en ningún momento se acreditó que la situación económica de la empresa no le permitiría hacer frente a la totalidad del plan de rentas comprometido con sus trabajadores o que el pago del plan pactado entre la empresa y los sindicatos supusiera un perjuicio importante para la empresa que pudiera afectar a su viabilidad futura o al empleo de sus trabajadores». Hoy es el día que tras los acuerdos alcanzados entre Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y Nuclenor para la transferencia de conocimiento, en el desmantelamiento de Garoña siguen trabajando 61 empleados de Nuclenor.

Ventajas empresariales. El Ministerio también argumentó que la solicitud de las ayudas «no se correspondía con el objetivo de las mismas», entre otros motivos, «porque había acordado con sus trabajadores un plan de rentas que les garantizaba durante la prejubilación entre el 80 y el 85% de su salario pensionable -futura jubilación-, lo que superaba el máximo del 75%» que marcaba la normativa de las ayudas extraordinarias. También decía el Gobierno que «la concesión de las ayudas no tendría ninguna ventaja para los trabajadores», al no aumentar su prejubilación, «sino que simplemente disminuiría el coste para la empresa».

La Audiencia Nacional zanja en su sentencia que «las ayudas extraordinarias se conceden en atención a la situación de urgencia y necesidad económica y sociolaboral en que quedan o pueden quedar los trabajadores» tras la reestructuración de sus empresas. A ello añade que el Ministerio denegó las ayudas para los prejubilados de Nuclenor, porque su «situación de insolvencia no le impedía cumplir con los compromisos adquiridos» con estos antiguos trabajadores, con lo que también «se excluye que concurra la situación de urgencia o necesidad sociolaboral -de estas personas- que trata de paliar este tipo de ayudas».