Los centros concertados y las familias que llevan a sus hijos a los mismos han diseñado ya una campaña de protestas contra la Ley Celaá, la reforma educativa que, a su juicio, representa una amenaza «muy seria» a su supervivencia. Y es que  el proyecto de la nueva norma «atenta contra la libertad» de los padres de elegir «colegio» al conceder a la Administración la potestad de «primar la red pública» en detrimento de la concertada, que quedaría como «mera subsidiaria», censura Javier Pérez de la Canal, presidente de Escuelas Católicas en Burgos.

La ley ‘apodada’ con el apellido de la ministra de Educación, elimina «la demanda social» a la hora de establecer vacantes, de manera que se «cerrarán unidades de colegios concertados con demanda por beneficiar aulas vacías de la educación pública», critica Elena Sardiñas, portavoz en la provincia de Fecampa, la Federación Católica de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Burgos. La norma, insisten tanto Pérez de la Canal como Sardiñas, obliga «a las familias a someterse a la distribución del alumnado» que decida «la Administración sin tener en cuenta la voluntad de los padres como garantes de los derechos del menor y como primeros agentes educadores».

Ambos critican que el Gobierno haya tramitado esta ley «en plena  pandemia, entre estados de alarma y en una situación crítica en lo sanitario y en lo económico». Además, «se ha hurtado el debate a las partes implicadas». «No se ha hablado con nosotros para nada», lamenta Pérez de la Canal.

En el calendario de protestas que convocan los centros y las familias destaca la concentración ante la Subdelegación del Gobierno que tendrá lugar el día 24 de este mes entre las 18 y las 19 horas, coincidente con la que se celebrará en Valladolid. Pero no será la única forma en la que pongan de manifiesto su malestar. Este viernes en Jesuitas ya tuvo lugar una concentración. Pero en los próximos días, los colegios concertados -29 en la provincia- sacarán algunas jornadas los pupitres a las calles, plazas o parques para expresar su preocupación por el cierre de aulas o incluso colegios. Asimismo, entregarán lazos naranjas al alumnado y harán actividades con los chavales para que expresen qué es lo que les gusta de sus centros. Aprovecharán que se celebra la jornada de los derechos infantiles para hablar del derecho fundamental a la educación y pensar en tantos niños del mundo que no pueden recibirla. También se colocarán pancartas en los patios.

Pérez de la Canal recuerda que  el artículo 27 de la Constitución reconoce el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, «nada dice de que esa educación haya de ser pública». La nueva Ley lo que hace es «atentar contra el pluralismo» al implantar «un modelo único estatal que pondrá fin a la pluralidad educativa y que no valora la elección de las familias».