Los letrados de los servicios jurídicos de la Seguridad Social en Burgos tienen cada vez más trabajo. Las demandas ante los juzgados de lo social originadas por discrepancias en la valoración de las incapacidades no han dejado de crecer tras la pandemia y suponen ya más de la mitad de los 1.082 procesos que se iniciaron durante pasado año, en el que se experimentó un aumento del 45% en la litigiosidad con respecto al ejercicio precedente. 

Este porcentaje se fundamenta especialmente en las reclamaciones por desacuerdos en la resolución de las incapacidades permanentes o temporales, tanto por el grado de incapacidad acordado, la cuantía de la prestación económica a percibir o los plazos de revisión de las incapacidades por agravación o mejora.

En concreto, los contenciosos por incapacidades permanentes experimentan un alza extraordinaria:se ha pasado de los 185 que se contabilizaban el año anterior a la pandemia, a los 424 del pasado ejercicio, lo que supone cuadriplicar la conflictividad en este ámbito.

En estos casos, y de acuerdo a los datos de la estadística anual del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, recientemente publicada, el organismo público tampoco tiene todo a su favor. El pasado año se registraron 125 sentencias favorables a la Seguridad Social en Burgos y 113 que daban la razón a las aspiraciones del demandante. Y solo en 12 casos, el fallo no tenía una repercusión económica para las partes.

Estas demandas se inician cuando se agota el tiempo máximo de 365 días (más 180 días excepcionales) de una baja laboral, de una incapacidad temporal, y los equipos de evaluación de incapacidades (EVI) de la Seguridad Social proponen, de acuerdo con un informe médico y los antecedentes, el alta al interesado o bien pasar a uno de los cuatro tipos de incapacidades permanentes.

(Más información, en la edición impresa de este lunes de Diario de Burgos o aquí)