El equipo de Gobierno coge velocidad en la tramitación del borrador que regulará la Zona de Bajas Emisiones a partir del próximo 1 de enero de 2025. Eso será si consigue realizar a tiempo toda la tramitación administrativa y pone en marcha los 20 elementos de control -con 19 cámaras- necesarios para delimitar el perímetro restringido.

Por el momento, el acuerdo definitivo permite avanzar en esta cuestión seis meses después de que se diera carpetazo de forma oficial a la propuesta diseñada en el anterior mandato por el PSOE. Queda un largo camino por recorrer, aunque la futura ordenanza ya ha definido algunas cuestiones fundamentales como las calles afectadas o las restricciones contempladas.

Siguiendo la línea de su planteamiento de mínimos, el borrador incluirá que el acceso al conocido como Burgos Central solo estará limitado para aquellos turismos y furgonetas que no dispongan de distintivo medioambiental por su alto potencial contaminante.

Burgos Central afectará a uno de cada tres vehículos - Foto: VALDIVIELSO

Es decir, la medida restrictiva afectará a uno de cada tres vehículos matriculados en la provincia. Los últimos registros fijan en 65.080 los automóviles que circulan sin etiqueta en un parque móvil que cuenta con 197.444 unidades. Con todo, el número total de vehículos afectados será menor en la práctica tras aplicar las dispensas concedidas tanto a los vecinos censados dentro del perímetro de la Zona de Bajas Emisiones como a los profesionales y a los vehículos de servicio público.

Esta medida deja al descubierto la alta edad media del parque móvil de la provincia, una de las más altas del país. No en vano, Burgos tiene un coche 'cero emisiones' por cada 78 matriculado sin distintivo medioambiental, según reflejó un informe reciente de la patronal Faconauto.

De esta forma, la futura ordenanza permitirá la libre circulación a todos los vehículos cuyo distintivo medioambiental sea B, C, ECO y Cero Emisiones, salvo en las calles Doña Jimena, Fernán González y San Esteban. En estos casos será necesario un permiso especial.

Es decir, los coches y furgonetas de gasolina matriculados a partir del 1 de enero de 2001 y los diesel a partir de enero de 2006 podrán moverse con libertad una vez se active la Zona de Bajas Emisiones. Esta circunstancia hace que resulte llamativa la cifra de vehículos que tendrán acceso limitado al perímetro protegido para cumplir así con la normativa exigida por el Gobierno de España para los municipios con más de 50.000 habitantes.

Sea como fuere, los vehículos afectados por la normativa también podrán acceder y salir del perímetro. Podrán hacerlo siempre que cumplan con las exenciones previstas o para acudir directamente a un aparcamiento o a un taller, donde quedará registrada su presencia.

La medida que el PP ha presentado en el Pleno extraordinario de este lunes se desmarca de la idea diseñada en su momento por el PSOE con el impulso de Ciudadanos, su socio en aquel bipartito. El texto aprobado inicialmente el 19 de mayo de 2023 para la modificación de la ordenanza de movilidad sostenible incluía unas limitaciones de acceso más severas aplicadas de forma progresiva siguiendo los hitos marcados en un calendario que contemplaba en 2030 la implantación total de la normativa.

La propuesta del anterior equipo de Gobierno prohibía el acceso, circulación y estacionamiento general en la conocida entonces como la Zona 0 -perímetro similar al total proyectado hoy- a los vehículos sin distintivo y aquellos que luzcan las etiquetas medioambientales 'B' y 'C'. Ello afectaba de salida al 97% del parque provincial salvo las dispensas contempladas en su momento. Después, el radio de acción se habría ampliado en 2027 al segundo anillo -zona básica- y a partir del mencionado 2030 a toda la zona ampliada.

Una vez aprobado el borrador de la nueva ordenanza que regulará Burgos Central comenzará una cuenta atrás de 8 meses sin el menor margen de error para finalizar el resto de la tramitación administrativa mientras se avanza en la licitación y contratación de los elementos de control.

Cabe recordar que el Ayuntamiento goza hasta el 31 de diciembre de la prórroga concedida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones. El cumplimiento de los plazos fijados -más allá de la posibilidad que pudiera surgir de solicitar una nueva moratoria- resulta fundamental para garantizar las ayudas comprometidas por el Gobierno central.

En este momento hay en el aire varios millones de euros procedentes de fondos europeos, de los cuales 2,6 están comprometidos para este proyecto. Además, en el peor de los casos habría que devolver otros 4 millones recibidos para las peatonalizaciones de Grandmontagne, calle Roma y Lavaderos y los 400.000 euros invertidos para la accesibilidad de las paradas de bus.