El Procurador del Común (el Defensor del Pueblo en Castilla y León), Tomás Quintana, ha emitido la enésima resolución con protagonismo de Traumatología del HUBU; en este caso, de la Unidad del Pie. Y, de nuevo, no solo afea que este departamento cite con plazos de un año, sino que insta a la dirección a que tome medidas para evitar que esta área se quede sin especialistas disponibles para pasar consulta. Así, pide que «se lleve a cabo una adecuada organización de los recursos personales con los que cuenta la asistencia sanitaria, tomando en cuenta, entre otros aspectos, los derechos de los profesionales y, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a acceder a una asistencia de calidad, de manera que no se vean sometidos a tiempos de espera excesivos».

Esta petición surge por la queja de un paciente que entró en lista de espera para una operación en el pie en enero del 2023 y, después de renunciar de forma voluntaria en marzo del año pasado, volvió a necesitar una valoración de su problema en la unidad especializada de Traumatología. Así, el pasado enero solicitó cita y la sorpresa fue que lo emplazaron a acudir en el mismo mes del 2025; es decir, en un plazo de doce meses.

Semejante demora, que Quintana tilda de «excesiva», motivó una queja del paciente, quien también comunicó al Procurador que «los tres facultativos» de la Unidad del Pie «se encontraban de baja». En la investigación iniciada por el 'defensor' de los castellanos y leoneses a raíz de esta queja, la Consejería de Sanidad le informa de que «si bien en fechas anteriores los tres licenciados especialistas que componen la unidad han coincidido de baja laboral, actualmente se han incorporado dos de ellos y ya se está trabajando para reducir la lista de espera». A la ausencia simultánea de todos los traumatólogos especializados en esta extremidad se añadía que en el servicio había tres plazas de traumatólogo vacantes, sobre las 22 reconocidas en la plantilla orgánica. Es decir, que Sacyl explicaba que 16 profesionales se repartían el trabajo que deberían asumir 22. Y eso sin entrar en las vacantes que conllevan las reducciones de jornada a las que los profesionales tienen derecho.

En este sentido, Sacyl especificaba que confiaba en incrementar plantillas con el proceso de estabilización de personal mediante méritos; una explicación que el Procurador da por buena y valora, de igual forma que las peonadas y demás medidas adoptadas por la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) y la Consejería para reducir las listas de espera. Pero al mismo tiempo considera que, a juzgar por el número de quejas que recibe por lo alargado de las listas de espera, deberían «reforzarse las medidas que actualmente se están aplicando y otras diferentes». Para ello, añade que deben «arbitrarse los medios, tanto personales como materiales, que se consideren necesarios para seguir avanzando en la reducción de las demoras y agilizar las listas de espera».

Quintana considera que solo de esta manera se podrá «garantizar una protección integral de la salud» y se cumplirán «los principios de eficacia y celeridad». Y puntualiza que «de forma muy especial cuando todos los facultativos de la especialidad están de baja o en situación administrativa que impida o limite prestar el servicio». En este punto, el Procurador considera que Sacyl tiene la responsabilidad de «arbitrar un sistema que permita un adecuado equilibrio entre los derechos de los profesionales a permisos, licencias, vacaciones o bajas y los derechos de los pacientes a recibir una asistencia sanitaria de calidad». Por lo que afirma que estas ausencias deberían cubrirse «de inmediato».