"Los procedimientos iniciados para comprobar si los contribuyentes cumplen los requisitos legales para aplicar los beneficios fiscales establecidos para personas con discapacidad se han realizado en el marco de las competencias propias de la Agencia Tributaria sin que en ningún momento se haya dado una orden expresa de paralizar este tipo de actuaciones". Es la respuesta literal que el Ministerio de Hacienda dio el pasado día 23 a los senadores del PP por Burgos Cristina Ayala y Javier Lacalle, que llevan varios meses interpelando al Gobierno a propósito de la situación que viven varias familias burgalesas con personas con discapacidad, que están recibiendo requerimientos desde hace meses para que devuelvan las deducciones que se hicieron por hijo a cargo desde el año 2016. Esta situación ha provocado, como se sabe, duras críticas no solo por los afectados sino por entidades como el Cermi, que es la representación estatal de las personas con discapacidad.
Afirma también Hacienda en el Senado que una de las facultades de la Agencia Tributaria es la de "realizar actuaciones tendentes a comprobar la procedencia de los beneficios fiscales aplicados por los contribuyentes en las declaraciones tributarias e intentar evitar el uso abusivo de los mismos, especialmente si afectan a los derechos de las personas con discapacidad". Y añade que "en ocasiones y para detectar los posibles incumplimientos es necesario analizar un cierto número de casos, la mayoría de los cuales concluyen sin practicar regularización para el contribuyente" porque las familias de las personas con discapacidad tienen, a juicio del Ministerio, "un comportamiento ejemplar y son los primeros en deplorar y condenar los abusos".
Esta respuesta ha hecho que los senadores burgaleses se sientan "indignados", en palabras de Ayala: "Mienten y lo hacen a la cara. Para apaciguar esta crisis por la que se levantaron no solo las familias sino el Cermi dijeron que se habían paralizado los requerimientos cuando no es así". Se refiere la senadora a la información publicada por este periódico en la que se dio cuenta de la orden de Hacienda para detener las inspecciones, que incluía también el malestar del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda ante esta decisión.
A su juicio, es necesario que haya un cambio legislativo que impida situaciones como esta: "Lo que no puede ser es que la ley abarque la posibilidad de acosar de esta forma a las familias de las personas con discapacidad. Obviamente no tiene que haber ningún tipo de abuso en la recepción de ayudas y subvenciones de la Administración, eso está claro, pero otra cosa es cómo se interpreta la convivencia y la subsistencia de estas personas, por lo que vemos necesario hacer una modificación legal que salvaguarde su dignidad. Esto no consiste en cubrir sus necesidades básicas sino que hay otros muchos gastos que las madres han recordado y que son necesarios para mantener la calidad de vida de sus hijos", afirmó.
Ayala y Lacalle -que afirman que han conocido que esta situación se ha extendido a otras provincias de Castilla y León y a Andalucía- preguntaron, además, por el número de personas que se han visto afectadas por este problema, dato que el Ministerio no ha ofrecido, y se interesaron por la dependencia "jerárquica y política" de la Agencia Tributaria, a lo que se contestó que tiene personalidad jurídica propia "y actúa con autonomía organizativa y de gestión en el cumplimiento de sus fines".