Se acabó la barra libre. El Ayuntamiento de Burgos deberá volver a utilizar buena parte de su superávit a la amortización de deuda y, en contra de lo que ha venido sucediendo durante los últimos cuatro ejercicios, ya no podrá disponer a su antojo de todos los remanentes de tesorería para destinarlos a inversiones con las tan famosas y esperadas modificaciones de créditos. El regreso de las reglas fiscales, suspendidas por el Gobierno Central tras la irrupción de la pandemia con el objetivo de incentivar el gasto e impulsar la economía, obligará al Consistorio burgalés a reducir la deuda municipal en alrededor de 30 millones de euros. Esa es al menos el escenario que se maneja estos días en el número 1 de la Plaza Mayor, a la espera de que se confirme con la liquidación de las cuentas de 2023.

Salvo que el Ministerio de Hacienda establezca un criterio más generoso con el que en este momento no cuentan en el área de Intervención del Consistorio capitalino, esos alrededor de 30 millones de euros se emplearán en reducir la deuda de los consorcios, ya que desde hace un par de legislaturas carece de sentido diferenciar la llamada deuda propia del Ayuntamiento de la procedente de los entes del Desvío Ferroviario y de Villalonquéjar. Básicamente porque, desde entonces, estas últimas computan como propia a todos los efectos.

El destino del superávit a la deuda de los consorcios se explica en que la mal llamada deuda propia es prácticamente inexistente. Al Ayuntamiento lo que le interesa es amortizar el máximo posible del llamado tramo no sostenible de la deuda (el que teóricamente se debería salvar con la venta de suelo), ya que ha estado pagando estos últimos meses un interés variable por encima del 5%. Es decir, cantidades millonarias que se comerían los ingresos obtenidos por la venta de los mejores activos en la zona de Cellophane.

La amortización de deuda de los consorcios podría ser aún mayor, ya que el ente del Desvío disponía hace unos meses de cerca de 16 millones de euros en el fondo de reserva, procedentes precisamente de las últimas ventas de suelo en el entorno de la antigua estación de tren.

Como todo, esta obligación tiene dos lecturas. Una de ellas hace referencia a que el Gobierno de coalición del PP y Vox dispondrá de menos recursos económicos para inyectar en el Presupuesto en curso para ejecutar inversiones con el dinero procedente de los remanentes de tesorería. La otra consecuencia es que la deuda de los consorcios se reducirá en un ejercicio como no lo ha hecho en muchos años. Eso sí, cabe recordar que aún está por encima de los 200 millones de euros.

Crédito. Si bien es cierto que al Ayuntamiento se le cierra una puerta de cara a disponer de más dinero para inversiones, otra posibilidad que tiene en este momento (en el que la deuda viva ha bajado del umbral del 110%) es la de poder recurrir a nuevos préstamos. 

Dicho de otra manera, lo que puede hacer el Consistorio es, por un lado, amortizar deuda con intereses muy elevados y concertar nuevos préstamos con unos tipos más ventajosos.

Aunque en los últimos años las diferentes corporaciones han tratado de que el Gobierno de Madrid desligara la deuda propia del Ayuntamiento de la que procede de los consorcios, todos esos esfuerzos han resultados ineficaces, ya que el Ministerio de Hacienda entendió algo que ahora ya se asume como obvio y es que las cargas de los entes debían de figurar también, a efectos contables, en la mochila de la Administración municipal.

A esto se suma que se ha interiorizado, ya que los consorcios deben regirse por las mismas normas que la administración y han perdido la teórica ventaja que tenían hace años en cuanto a su mayor libertad de movimientos a la hora de cerrar operaciones de compraventa.

Llegados a este punto, tanto la actual Corporación Municipal (entendiendo como tal tanto al Gobierno de coalición del PP y Vox como al PSOE, único partido en la oposición) como la Fundación Caja de Burgos han entendido que la mejor salida que se puede dar en este momento es la de la disolución de los dos consorcios.

La idea que se maneja es que sea la Sociedad de Promoción a la que se le encomienden las funciones que han venido desarrollando los consorcios desde su creación aunque para ello deberá disponer de los recursos humanos necesarios para asumir las tareas de comercialización y venta.