El presidente de CSIF de Castilla y León, Benjamín Castro, destaca el crecimiento en representantes y afiliados en la comunidad. Este sindicato está inmerso en la selección de los consejos provinciales y sectoriales y Castro remarca el buen ambiente, la cohesión interna y que la organización «está trabajando en lo que debe, que no es otra cosa que la defensa de los trabajadores».

¿Qué balance hace de estos últimos años y cuáles son los mayores logros?

Se ha crecido alrededor de un 30 por ciento de afiliación en Castilla y León. La representación en las administraciones, empresas públicas y  empresas privadas se está multiplicando de manera exponencial. Esto lleva a CSIF a ser una organización fuerte y con un arraigo. Lo cual nos enorgullece.

En cuanto a lo conseguido, hay ámbitos que no dependen solo de nosotros, sino de otros actores, y tristemente tenemos que decir que no se ha conseguido todo lo que se deseaba. Aunque sí que es verdad que hemos logrado algunos hitos, como puede ser la recuperación de las 35 horas para la administración autonómica o la implantación de carreras profesionales en algunos ámbitos que no lo tenían.

¿Cómo valora la negociación con el Gobierno autonómico?

Tenemos que hablar, por ejemplo, sobre el concurso de traslados que el anterior se tardó siete años en convocar y para éste ya han pasado otros tres años. Esto habrá que normalizarlo y lo que decimos es que necesitamos una ley de función pública en Castilla y León porque está obsoleta. Parece que la Administración no está en eso y para nosotros es imprescindible, no solo para los trabajadores de la Administración autonómica, sino para las locales.

También en relación a la política salarial hay que sentarse a negociar porque el Gobierno de España es quien marca la retribuciones básicas de todos los empleados públicos, pero también el Gobierno autonómico tiene recorrido para que esos complementos que son autonómicos se pueden mejorar. Hay que recordar que la Administración autonómica es de las que peores paga a sus empleados.

¿Cómo afrontar la persistente temporalidad y el volumen alto de jubilaciones que se prevé?

Las plantillas en todas y cada una de las administraciones públicas están minimizadas. Están en cuadro en muchos ámbitos. Estamos hablando de que un trabajador soporta el trabajo de tres o cuatro personas. Y esto al final lo que supone, no nos olvidemos, es un detrimento evidente de la calidad de los servicios públicos que recibimos los ciudadanos de Castilla y León.

Hay tres aspectos que mirar. El primero  es que el Gobierno de España tiene que acabar con la tasa de reposición. Esta impide tener ofertas de empleo público ambiciosas para cubrir no solo las jubilaciones que se producen en cada anualidad, sino ir un poco más allá para ir reponiendo esas plantillas que desde 2008 a 2010 se han ido aminorando. Hay que quitar la tasa de reposición porque las administraciones públicas tienen que ser ambiciosas para poder reponer sus plantillas.

También está la temporalidad. Se ha sacado una ley que decía que el 31 de diciembre había que llegar a un 8 por ciento de plantilla interina. Pero tengo que decir que desde que se está aplicando esta ley en Castilla y León hemos pasado de un 33 por ciento a un 35 por ciento de media de la temporalidad. Es decir, no solo no ha bajado, sino que ha aumentado. Lo que decimos es que así no y que esto no se puede soportar ya.

Y la tercera pata son las jubilaciones. Nosotros tenemos un estudio que en los próximos nueve o diez años se va a jubilar el 57 por ciento de las plantillas de los trabajadores de las diferentes administraciones. Pero eso ya está ahí. No hace falta ser matemático ni experto en recursos humanos para ver que hay un problema enorme. Tenemos que ir atajándolo de forma paulatina, pero de inmediato. No podemos esperar a que tengamos un detrimento de plantilla en algunos ámbitos, como la Administración General del Estado, que su media de edad es de 58 años. Y ahí no se puede esperar diez años porque en tres ya habrá un problema.

¿Qué retos hay en sanidad, educación y servicios sociales?

Cuando hablamos de servicios esenciales son los primeros que se nos vienen a la cabeza. Siempre escuchamos a la Junta de Castilla y León destacar que estos servicios están en los mejores puestos de los ranking, algo que está muy bien y felicitamos a los trabajadores porque muchas veces soportan más trabajo que el que les corresponde.

Hace poco un trabajador del Ayuntamiento de León ha conseguido que un juzgado le reconozca que ha realizado durante años el trabajo de cuatro personas. Dejando la singularidad de este caso, no es normal que ocurra. Hay que mejorar la ratio de alumnado por docentes, aumentando las plantillas y reduciendo la temporalidad. En sanidad tenemos un problema no pequeño y es la reorganización de la Atención Primaria y a eso hay que sumar la falta de médicos y enfermeras. Esto se está extendiendo a otras categorías. Habrá que ser imaginativos y poner herramientas para que ese talento no se nos vaya o para retenerlo. No voy solo al salario. Habrá que hacer que los puestos de difícil cobertura sean atractivos y se me ocurre que en sectores muy feminizados se tenga en cuenta la maternidad y la conciliación. Incluso, como el Gobierno facilita una fiscalidad especial para las empresas que se implantan en el mundo rural, se puede ver cómo aplicar eso a puestos de difícil cobertura, no solo en sanidad, sino en la Administración General.

Crece la representación en el sector privado. ¿Qué desafíos tienen?

Se ha multiplicado de forma evidente nuestra representación. Le pongo un ejemplo de la provincia de Valladolid en la que tenemos 300 delegados en las empresas privadas y alrededor de más de 1.000 afiliados en los ámbitos privados. Eso  dice que somos un referente. Hay que recordar que tenemos una representación muy amplia dentro de algunas empresas, como Michelin, y  hemos logrado entrar en el grupo Renault, y estamos en una infinidad de empresas.

Cuando hablamos de precariedad, un ejemplo, son los call center. Hay condiciones laborales que son muy muy precarias. Los trabajadores tienen el amparo en CSIF para agilizar y forzar, llegado el caso, una negociación real para ir mejorando poco a poco las condiciones. Y hablamos de interinidad en el ámbito privado porque algunos contratos son insuficientes y muchos a media jornada con lo que supone para el salario de una persona.

¿Qué mensaje quiere enviar a los trabajadores de Castilla y León?

Tenemos un compromiso con la sociedad castellano y leonesa. Somos un sindicato independiente. Dependemos de nosotros, de nuestros afiliados y ahí están nuestras cuentas auditadas ya desde hace doce años y publicadas en nuestra web. Estamos alejados de consignas políticas y no nos debamos a nadie. Eso nos da libertad. Los trabajadores cuentan con un sindicato fiable, honrado y capaz para defender sus derechos y así lo estamos demostrando, pues muchos de ellos ya confían en nosotros. No dejaremos nunca huérfana a la sociedad de Castilla y León.