No es de las épocas en las que el juzgado de lo Mercantil de Burgos tiene más carga de trabajo. Fue tras la crisis financiera de 2008 y el goteo continuo de quiebras empresariales cuando la litigiosidad en este órgano subió como la espuma, al punto de que tuvo que ser reforzado. Sin embargo, el hecho de que tuviera que funcionar con un juez sustituto buena parte del año 2022 tras irse el titular a realizar un curso y de que en 2023 se quedara de nuevo sin magistrado ha hecho que el tiempo de respuesta de este órgano se haya disparado, en concreto hasta los 20,3 meses, según la estadística del Ministerio de Justicia de 2022. Y eso es mucho tardar para un órgano que resuelve asuntos tan sensibles como los concursos de acreedores, con numerosos reclamantes de deuda y trabajadores pendientes. Y es mucho tiempo porque según la misma tabla del Gobierno, el plazo de demora en sacar adelante los litigios en esta jurisdicción es de un año. Pese a todo la petición de un segundo mercantil en Burgos ya no es prioritaria para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Los tres juzgados de lo social de Burgos también tardan más tiempo en resolver que el promedio de España en este ámbito, en concreto 9,1 meses frente a 9. La diferencia no es tanta, de manera que parece difícil que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia vayan a atender la eterna demanda de dotar a Burgos de un cuarto órgano en este orden.

En el año 2021 echó a andar el segundo juzgado de Familia de Burgos, pero sigue cojeando de una pata. Nació sin equipo psicosocial, el encargado de emitir informes en los casos de divorcio y separación, lo cual lastra su actividad. Según Justicia, su tiempo de respuesta es de 8,3 meses cuando el promedio nacional de este tipo de órgano se sitúa en 7,1. Resulta llamativo que el juzgado de Menores también tarde más en resolver que sus homólogos de otras provincias: 9,9 meses frente a 7,9.

Los juzgados de instrucción de Burgos también emplean más tiempo en sacar adelante sus asuntos que la media de España, 2,4 meses y 2,3 respectivamente. Sin embargo, los penales -los que celebran juicios- son mucho más rápidos porque tardan 7,6 meses en finiquitar sus procedimientos, por los 9,5 que precisan en el conjunto del país.

Por cierto, la sección penal de la Audiencia de Burgos, que reclama un sexto magistrado, está resolviendo con más prontitud que las salas españolas: 2,2 meses contra 2,5 meses. No parece tampoco que su demanda vaya a ser atendida.