Mientras España superaba ya los 28.000 muertos y trataba de aprender a sobrevivir en el primer verano de la covid, en el convento de La Bretonera buscaban cómo sacar rendimiento al dinero «de la explotación de sus bienes, de las actividades industriales de fabricación y venta de dulces desarrolladas, de donaciones de terceros» y un etcétera que, según el Arzobispado, supera los 250.000 euros. La entonces abadesa, Laura García de Viedma, apostó por invertir en oro, el mismo que reconoce haber vendido precisamente ahora, que se había revalorizado un 27% en 2024.

Asegura en un comunicado su abogado, Florentino Aláez, que la operación que investiga la Policía Nacional es totalmente legal y que si bien la ha hecho a su nombre, «toda la comunidad es consciente de que la única titular real es la entidad», aunque en las cuentas de las entidades jurídicas monásticas legalmente reconocidas no está, tal y como denuncia el Arzobispado.

El Juzgado número 1 de Briviesca, el mismo que aún no ha puesto fecha de juicio por la demanda de desahucio de las mujeres excomulgadas, tiene que investigar ahora la legalidad de la operación y la procedencia de esos aproximadamente 1,7 kilos de euros, vendidos por una cantidad que ronda los 130.000 euros.

El Arzobispado confirma que en poder de la comisión gestora obran «siete facturas de compraventa de oro en julio y agosto de 2020 por un valor que supera los 250.000 euros: 195.686 euros del Monasterio de Belorado y 56.480 del Monasterio de Derio», piezas que «fueron adquiridas legalmente y pertenecen a las entidades jurídicas canónicas Monasterio de Belorado y Monasterio de Derio» y que, según sostiene, no pueden ser vendidas ni por García de Viedma ni por esas asociaciones creadas a raíz del cisma y que no han sido legalmente reconocidas por el Ministerio del Interior.

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Por otro lado, en otro 'frente' económico, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reclama el dinero que la comunidad clarisa cobró indebidamente por la pensión por una religiosa fallecida en Belorado. El organismo estatal ha contactado ya con la entidad bancaria que gestiona la cuenta en la que se ingresó ese dinero durante casi tres años, tras comprobar la veracidad de los hechos denunciados por el arzobispo de Burgos como administrador de los monasterios.

Tal y como adelantó este periódico, sor María Lourdes procedía del monasterio de Derio y pasó en el convento burgalés los últimos años de su vida de clausura. Para el mundo falleció el 20 de abril de 2022 pero no para la administración, que le abonaba los 351,34 euros de pensión a finales de cada mes en una de las cuentas que gestionaba la comunidad liderada por la entonces abadesa, Laura García de Viedma, hoy excomulgada junto a otras 9 compañeras de cisma (dos de ellas han abandonado la clausura). Con las subidas de pensión de 2023 y 2024 llegó a los 395,69 euros. Y habría superado los 400 -salvada la crisis del decreto omnibús- de no ser por la denuncia de Iceta.

Las administradoras de las cuentas hasta mayo de 2024 eran las exclarisas, que obviamente conocían el fallecimiento de la hermana sor María Lourdes. No han aclarado si no detectaron el cobro indebido, no lo comunicaron a la Seguridad Social o lo hicieron y el error está en la administración. En el último comunicado negaban por un lado tener constancia del caso y por otro admitían que esa irregularidad se había producido en algunos casos, aunque «fue corregida rápidamente por la Administración, que recuperó los importes indebidamente ingresados», por lo que no se referían a esta monja.

(Más información sobre ambas polémicas en torno a las exclarisas de Belorado, en la edición impresa de este miércoles de Diario de Burgos o aquí)